Madrid, 6 jul (EFE).- El PP ha reconocido hoy, a través de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, que la ley del aborto "es aplicable" al haber entrado en vigor ayer, si bien ha urgido al Tribunal Constitucional a que resuelva cuanto antes la petición de su partido de que suspenda la norma.
Las declaraciones de Sáenz de Santamaría se producen después de que Navarra y Murcia, ésta última gobernada por el PP, mostraran ayer su resistencia a aplicar la ley, aunque ha evitado dejar claro si está de acuerdo o no con la postura del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien aseguró que "no hay razones para acatar la ley".
Mientras, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que no suspenda la ley del aborto, al considerar que las normas aprobadas por las Cortes gozan de "presunción de legitimidad".
El Ejecutivo asegura en su escrito que no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de la ley del aborto y recuerda que los poderes de suspensión que tiene el TC "están tasados" y no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento.
En este sentido, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha vuelto ha mostrarse convencida de la constitucionalidad de la ley y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías reticentes a aplicarla, ya que, en el caso de que no rectifiquen, el Gobierno "pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos" para hacerla efectiva.
Además, ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que "ponga orden en su partido", porque, a su juicio, este comportamiento "es más propio de un partido marginal y antisistema" que de una formación política que "tiene aspiraciones de Gobierno".
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha recordado a las autonomías que la ley del aborto es de obligado cumplimiento porque existen las condiciones técnicas y prácticas para cumplirla y todas tienen la documentación necesaria.
En el mismo sentido se ha expresado el titular de Educación, Ángel Gabilondo, quien ha afirmado que los ciudadanos no eligen qué leyes les gustan y cuáles no y que las comunidades autónomas no pueden tampoco "apuntarse" a unas leyes y desmarcarse de otras.
Sin embargo, el homólogo de Sáenz de Santamaría en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, se ha mostrado a favor de establecer "todas las medidas posibles" para que la ley del aborto "no se consolide en la conciencia de los españoles".
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán, ha destacado que los presidentes autonómicos "sin distinción de color político" deben cumplir la ley del aborto aunque esté recurrida y a pesar de que "tengan problemas de conciencia, como perfectamente puedan tener".
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado que la Justicia "debe tener en cuenta" la "llamada a la rebeldía" del PP, que, a su juicio, ha "menospreciado la voluntad popular de una mayoría parlamentaria".
Para el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Ridao, si las autonomías no aplican la norma, se va a condenar a las mujeres que vivan en esos territorios a "un peregrinaje" para poder interrumpir su embarazo, igual que sucedió, ha dicho, durante el franquismo.
Todas estas declaraciones se han sucedido en un día en el que el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, ha indicado que en las primeras horas de la aplicación de la ley, las principales quejas se refieren a la falta de la información sanitaria y social necesaria.