El Senado dio ayer su visto bueno definitivo a la reforma del Código Penal, sin introducir ningún cambio. Con la nueva regulación se mejoran las herramientas para luchar contra los delitos económicos y la corrupción, elevando las penas por los fraudes a las haciendas públicas, los urbanísticos, el cohecho o el tráfico de influencias.
El texto aprobado ayer, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, también tipifica nuevos supuestos como la corrupción entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a través de Internet y la introducción por primera vez en el sistema penal español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el fin de acabar, según el Gobierno, con la llamada "irresponsabilidad organizada", y poner fin a la impunidad de quienes se aprovechan del anonimato que les procuran las personas jurídicas para cometer delitos y de quienes, sabiéndolo, toleran tales conductas.
Además, la reforma acaba con la disparidad de criterios en la interpretación jurisprudencial sobre temas como la prescripción o el abono de la prisión preventiva, cuando el sujeto sometido a dicha medida cautelar está al propio tiempo cumpliendo una pena privativa de libertad.
El nuevo Código también se detiene a relativizar determinados delitos, como es el caso de los que atentan contra la propiedad intelectual: se mantiene la severidad para las conductas más graves, pero se reduce en los supuestos de venta pequeña, pensando en el top manta.
El nuevo CP castigará más a los corruptos