Caamaño dice que la aprobación de la euroorden sobre las víctimas dependerá de los nuevos gobiernos

Luxemburgo, 4 jun (EFE).- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho hoy que la aprobación por los Veintisiete de la euroorden de protección de víctimas de la violencia doméstica dependerá de la posición que adopten los nuevos gobiernos del Reino Unido y Hungría.

Aunque el ministro ha manifestado ser "optimista" de que la propuesta "pueda salir" adelante, ha reconocido igualmente que "dependerá de las mayorías que se formen en el consejo".

Caamaño ha apuntado que los nuevos gobiernos de Hungría y Reino Unido podrían necesitar "más tiempo" para estudiar la propuesta en profundidad, "aunque no se opongan" a la misma.

La aprobación de la euroorden de violencia doméstica era una de las prioridades de la presidencia española a aprobar durante su semestre.

La propuesta de euroorden, por la que se conseguiría que las víctimas mantuvieran medidas dictadas a su favor como órdenes de alejamiento, cuenta con una amplia mayoría de países partidarios, pero con la oposición frontal de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

La Comisión Europea a través de sus servicios legales emitió un dictamen donde se desacreditaba la base jurídica utilizada en la propuesta de directiva, que es de cooperación penal, pese a que en otros países las medidas de violencia doméstica las toman autoridades civiles o administrativas.

Reding tachó asimismo en el Parlamento Europeo a la euroorden de "chapucera", un calificativo del que se ha defendido Caamaño.

"Lejos de ser una chapuza, es un texto muy riguroso que tiene base jurídica legal y piensa en los ciudadanos europeos", se ha justificado el ministro, que ha recordado que la euroorden tiene el visto bueno de los servicios jurídicos del Consejo europeo y de la Eurocámara.

"La CE tiene una posición minoritaria y solitaria" en este asunto, ha sentenciado Caamaño.

La euroorden es la principal propuesta que debatirán hoy los titulares de Justicia de los Veintisiete, que también tienen previsto avanzar en la adopción de un nuevo régimen de derecho civil para los divorcios entre nacionales de distintos Estados miembros y en la lucha contra la trata de personas.