La gran mayoría de las sociedades españolas sigue si hacer sus deberes de documentación sobre las empresas vinculadas, a pesar de las fuertes sanciones que conlleva su falta de elaboración o los errores en los que se haya podido incurrir, según informó ayer el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich.
Lázaro Rodríguez Ariza, profesor de la Universidad de Granada, explicó que sólo las empresas grandes con calado internacional y las que tienen problemas con alguno de sus socios que les puedan impugnar las cuentas, son las que están cumpliendo con las exigencias de documentación.
Por ello, Pich justificó ayer que "las empresas están sufriendo mucho con la crisis, por eso los asesores les dicen a sus clientes que si tienen problemas con algún socio, que le dediquen un ratito para evitarse problemas, lo mismo que si tienen que pasar una auditoría".
"La falta de reglas claras es la causa de esta dejadez de las empresas, buena muestra de la excesiva complejidad de la norma es la cantidad de consultas que se han elevado al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)", explicó ayer Mercos Antón, director ejecutivo de Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera (Ecif).
Normativa impracticable
Para Pich, "la normativa es impracticable e ineficaz" y considera que "algo falla cuando es necesario dar constantemente cursos, presentar propuestas por las patronales y la presentación de propuestas no de Ley en el Parlamento".
Con esta última referencia se refería a la propuesta de CiU en la que instaba al Gobierno a que reconsiderase el capítulo sancionador, incluido en la Ley sobre el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando no haya perjuicio económico para la Hacienda Pública, y anular la exigencia de valoración de las operaciones vinculadas cuando sean distintas del valor de mercado al ser reguladas por otras normativas de carácter general. La proposición fue rechazada el martes, con los votos del Grupo Socialista.
En opinión del presidente del Consejo General de Economistas, considera que esta situación se debe a la excesiva y complicada legislación y, como ejemplo, comentó que el economista Joaquín Trigo, según ha cuantificado el número de páginas publicadas en los Boletines Oficiales de la Administración Pública Central y Autonómica anualmente, siendo la cifra superior a 700.000 páginas.
Propuestas de reforma
Las propuestas son: suprimir la obligación de documentar las operaciones vinculadas internas, para toda clase de personas y entidades cuando el valor de mercado de cada una no supere 100.000 euros, entendiendo dentro de dicho importe las operaciones del mismo tipo, con la misma persona o entidad y valoradas con el mismo método.
También, eliminar la obligación de documentar las operaciones vinculadas internas de pymes si el valor de mercado conjunto de las realizadas en el ejercicio no supera una determinada cifra anual sensiblemente superior a 100.000 euros -el límite establecido en la actualidad-.
Aumentar el porcentaje de participación para establecer la vinculación entre socio y sociedad del 5 al 20%. El porcentaje que la normativa mercantil cifra para presumir que hay influencia significativa es ese 20%.
Y, además, solicitan que se aceleren las nuevas modificaciones. A este respecto, Pich explicó que como la Administración, a través del Real Decreto-ley 6/2010 se ha comprometido a una nueva simplificación de no hacerlo, se entrará "en un escenario de clara inseguridad, puesto que en estas fechas los administradores están preparando las cuentas anuales y las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y si no se produce ya el cambio, la documentación, con las exigencias actuales, debe estar disponible desde el día 26 de julio en la mayor parte de sociedades".
El Consejo General de Economistas presentó ayer un manual titulado: Operaciones entre empresas relacionadas y su tratamiento en el PGC 2007, cuyos autores son Lázaro Rodríguez Ariza y Eva Argentes Linares, ambos profesores de la Universidad de Granada.
