Los socios minoritarios no tardarán en recurrir a los tribunales, incluso por la vía penal, contra los administradores cuando Hacienda les corrija los precios de las operaciones vinculadas por ser superiores a los razonables y no reflejarlos en la contabilidad, según anunció ayer el inspector de Hacienda Teodoro Cordón.
"En Estados Unidos no hay pleito de precios de transferencia que no acabe en una demanda de los accionistas minoritarios", suscribió ayer Ramón López de Haro, socio de Garrigues, en el transcurso de su intervención en la presentación de un manual sobre la Fiscalidad de los Precios de Trasferencia (Operaciones Vinculadas), editado por el Centro de Estudios Financieros (CEF) y coordinado por Cordón.
Terreno abonado
Explicó López de Haro, que si Hacienda actúa como perito imparcial y dictamina que una compañía, que es socia mayoritaria de otra a la que factura por encima del valor de mercado gracias a su posición mayoritaria, "estará abonado el terreno para que el resto de los accionistas, que ven que sus dividendos son menores porque se lastra la cuenta de resultados, demanden al mayoritario, al considerar que les roba".
Así, los socios minoritarios o los acreedores sociales pueden alegar que una operación vinculada no se ha realizado en defensa del interés social, sino del ajeno, y que por tanto, han incumplido los deberes de lealtad y fidelidad a la sociedad.
Las actuaciones para exigir responsabilidades a los administradores son más sencillas cuando éstos no han revelado que existía un conflicto de intereses o no se hayan abstenido de participar en la adopción de los acuerdos que han producido el daño a la sociedad o a la filial, en el caso de grupos de empresas.
En España, según explica en el manual Alex Pujol, socio de Garrigues, el perjudicado podrá optar por la impugnación de los acuerdos sociales, a través del artículo 115 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) en el caso de la junta general y del artículo 143 si se trata del consejo de administración o, acudir al régimen general del artículo 133 de la LSA y siguientes.
"Incluso en el ámbito laboral, los comités de empresa han comenzado a solicitar la documentación sobre precios de transferencia para demostrar que la solicitud de los expedientes de regulación de empleo (ERE) solicitados por sus empresas son injustificados", apostilló López de Haro.