La futura Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que entrará en vigor en los próximos días, no requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos en las informaciones sobre los movimientos sospechosos de capitales a la Comisión de Prevención del Blanqueo o las comunicaciones entre entidades financieras del mismo grupo, lo que genera inseguridad jurídica a los obligados a informar.
Existe ahora un vacío legal al ignorar cada ley lo regulado por la otra, por lo que ambas chocan. "Así, se acabará con la inseguridad jurídica con la que han tenido que actuar las entidades obligadas a informar", comentaba ayer Juan Manuel Vega, subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro.
Vega destacó también, durante su intervención en una jornada organizada por IIR y Ernst & Young, que aunque la directiva que se transpone con la nueva Ley establece la prescripción de la obligación de guardar la documentación en cinco años, en la Ley se ha ampliado el plazo a 10 años, aunque la identificativa es la única que habrá que guardar en formato digital.
Ley básica para la investigación antidroga
La fiscal especial Antidroga, Inmaculada Ávila, aclaró que "para nosotros es primordial por la dificultad que existe para encontrar pruebas al investigar un delito, porque no hay testigos, ni actuaciones policiales y la documentación suele referirse a más de cinco años".
Por su parte, Álvaro Ibáñez, de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, explicó que el 90 por ciento de las operaciones de blanqueo que se realizan en España están relacionadas con el narcotráfico.
Fichero de titularidades
Otra novedad importante de la nueva Ley será que la Comisión obtendrá la información sobre titularidades financieras directamente de la Agencia Tributaria (Aeat).
Se trata de una modificación introducida mediante una enmienda socialista en el Parlamento, que considera innecesaria la duplicidad en el envío de la información, pues el único resultado sería un incremento de costes para el sujeto obligado.
Como las entidades de crédito ya tienen la obligación de enviar la información a la Aeat, el proyecto de Ley no considera necesario crear un nuevo fichero que deba ser cumplimentado por las entidades obligadas a informar.
