¿Qué mejor momento que el marco de la presidencia española de la UE y un seminario celebrado en Madrid para defender el uso del español? Así sucedió ayer, durante la segunda jornada del Congreso Bruselas I: La reforma de la litigación internacional en Europa, que se clausuró ayer en Madrid.
n una mesa redonda sobre Propiedad Intelectual, Luis Alfonso Durán, presidente del Comité de Pro piedad Intelectual de la CEOE hizo una firme defensa del uso del español como condición sine qua non para la creación de una patente comunitaria, una iniciativa que lleva una década estancada.
La creación de una patente comunitaria busca dar a los inventores la posibilidad de obtener una patente única y válida legalmente en toda la Unión Europea. A pesar de las ventajas que a priori parece que podría conllevar esta nueva modalidad, la propuesta planteada por la UE sigue siendo un tema delicado tras muchos años de discusiones entre los responsables europeos. La intención de limitar a inglés, francés y alemán los idiomas para el nuevo sistema es uno de los principales escollos que impiden su aprobación.
Defensa del español
Para Luis Alfonso Durán, la propuesta para cambiar el actual sistema de patentes no es más que "una excusa para crear un sistema que limite la capacidad de competir de las empresas españolas". Según explicó ayer a elEconomista, también quieren que los jueces que deciden sobre este tipo de asuntos en España sean extranjeros, aun no conociendo ni nuestra lengua ni nuestro ordenamiento jurídico.
El represante de la CEOE considera que el sistema propuesto no cumple los objetivos del Consejo de la Competitividad para las empresas españolas. Entiende que con ello se perjudicaría sus posibilidades de competir en una economía basada en el conocimiento y se castigaría la lengua española tecnológica y la divulgación de la tecnología en español. Además, con ello, a juicio de Durán, se limitaría el acceso de las empresas españolas a la tecnología patentada, mermando y encareciendo también la defensa de las empresas españolas en litigios de patentes.
A todo esto hay que sumar la altísima probabilidad de que las empresas españolas se sienten en el banquillo de los acusados y no en el de los demandantes: están expuestas en el 99,4 por ciento de los casos a ser demandadas, puesto que ése es el porcentajes de las patentes propiedad de empresas extranjeras que hay en España.
En la práctica, será muy fácil escoger el lugar de la infracción y forzar su existencia para obligar a las empresas españolas a tener que defenderse en otra lengua y país, según Durán.
Para la seguridad jurídica de las empresas españolas es imprescindible que la patente comunitaria incorpore un texto en español que divulgue la invención de forma suficiente y defina con claridad su alcance de protección.
Más caro para España
Los cálculos de la CEOE apuntan que el sistema propuesto está previsto que cueste entre cuatro y cinco veces más que el actual debido a una estructura compleja, jueces europeos más caros y costes de desplazamientos. Aparte de un sistema lingüístico que encarecerá notablemente los costes de las empresas españolas.
En cuanto a la elección de los jueces, las críticas se dirigieron al hecho de que se primen sus conocimientos de patentes y experiencia profesional sobre el dominio de la lengua y el ordenamiento jurídico español. Además, las probabilidades de que haya más jueces de otros países que españoles es muy alta. También puso en entredicho que se pueda designar un juez extranjero en una división local española. Por último, dijo Durán que en la división central se prevé la existencia de un juez técnico, un concepto ajeno a la tradición judicial española y que no ofrece garantías. "Es contrario a la norma constitucional del Derecho a un juez ordinario que contempla el artículo 24.2 de la Constitución Española, afirmó.
