La Presidencia española de la Unión Europea se ha marcado entre sus prioridades de la agenda de Justicia el impulso de la regulación comunitaria del Derecho sucesorio. Lo anunció ayer el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una rueda de prensa previa al Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE que tendrá lugar del 20 al 22 de enero en Toledo.
Según aclaró el secretario de Estado, el punto de conexión elegido por la Comisión ha sido la residencia habitual, de forma que la ley aplicable a la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento. La apuesta por este criterio viene justificada porque ya ha sido empleado en otros instrumentos comunitarios, como los reglamentos Roma I y Roma II, en Convenios de la Conferencia de la Haya y en varios Estados miembro.
Decisiones por unanimidad
Por otra parte, Campo anunció la desaparición de las decisiones marco en favor de las directivas y reglamentos, como consecuencia de la aplicación del Tratado de Lisboa.
Las decisiones marco, que se proponen a iniciativa de la Comisión o de un Estado miembro, deben ser adoptadas por unanimidad y se utilizan para aproximar las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros. Con ellas se vincula a los Estados miembros en cuanto a los resultados que deben alcanzarse y deja a las instancias nacionales la decisión sobre la forma y los instrumentos necesarios para tal fin.
En otro orden de cosas, la Presidencia española también se ha marcado el objetivo de reforzar la protección a las víctimas. Así, España lanzará una iniciativa con la que abrir un espacio de cooperación penal centrado en las víctimas: la Orden Europea de protección (OEP).
Además, España propondrá que se asuma a nivel comunitario la medida de libertad vigilada para terroristas y violadores, que el Gobierno ha incluido recientemente en la reforma del Código Penal, en tramitación en el Congreso.
Mejora de las garantías procesales
Otro objetivo es la aprobación del Reglamento Roma III sobre la Ley aplicable al divorcio, buscando un mecanismo de cooperación reforzada administrativa, tal y como se está haciendo en los temas de gestión y recaudación de impuestos.
España también se propone, más allá de su Presidencia semestral, la mejora de las garantías procesales para los ciudadanos, el desarrollo de la agenda de convergencia con Estados Unidos y el desarrollo de las nuevas tecnologías para el intercambio de información.