Loughlin Hickey es responsable de la práctica global de Tax de KPMG desde octubre de 2005, es decir: el mandamás en asuntos tributarios de la consultora a nivel mundial. Después de haber dirigido las prácticas de imposición en el Reino Unido y en la región EMA (Europa, Oriente Medio y Asia), ha llegado a ser designado por la revista Tax Business el asesor fiscal más influyente del mundo. Su mayor preocupación profesional es lograr un 'mundo perfecto' en el que empresas y Hacienda colaboren para lograr mercados nacionales más competitivos. Fruto de esta ambición son sus libros, que tienen nombres tan sugerentes como The Philosophy of Tax o Tax and Corporate Social Responsibility.
¿Es un buen síntoma que cada vez haya más impuestos indirectos y menos directos?
Las estadísticas de organismos internacionales concluyen que efectivamente se está produciendo un deslizamiento de la presión fiscal hacia la imposición indirecta. Los impuestos indirectos se han convertido en una solución recaudatoria a pesar de que se les acusa de su poca progresividad. Los beneficios de las compañías son volátiles, por lo que gravar el consumo y no los beneficios es más estable. Da más estabilidad a las arcas de Hacienda, por un lado y por otro, los impuestos indirectos son más sencillos de recaudar. Además, la base de sujetos pasivos sobre la que se aplica es mayor en los impuestos indirectos, mientras que en los directos tienes que elegir a qué colectivos se aplican las subidas de impuestos.
Entonces, ¿los Gobiernos comunitarios han abandonado la progresividad en beneficio de la recaudación?
Es cierto que los impuestos indirectos gravan de la misma manera a gente pobre y a gente rica. Sin embargo, para aliviar esta tendencia, lo que los gobiernos hacen es otorgar otros beneficios a los colectivos menos favorecidos en otros impuestos directos o en un mismo impuesto indirecto aplicando unos tipos inferiores a determinados productos básicos. El problema de los impuestos indirectos, no obstante, es la inflación que generan, ya que al gravar el consumo se eleva la inflación. Y ésta afecta sobre todo a los más pobres. Por ejemplo, en Singapur se subieron los tipos del impuesto indirecto, pero se introdujeron deducciones para la adquisición y el alquiler de vivienda. Es lo que se conoce como impuestos negativos. El juego de ambas figuras permiten mantener la progresividad de los sistemas.
¿La tendencia de la tributación del ahorro pasa por una diferenciación entre las rentas del trabajo y las del ahorro?
Se trata de una tendencia, presente en la política fiscal desde hace más de dos décadas, con un objetivo social. Sucede porque las generaciones mayores, son las que tienen mayor capacidad de ahorro, lo cual justificaría el mantener más bajos los tipos impositivos sobre la renta del ahorro. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la gente con rentas más elevadas no invierte solo en productos de ahorro, sino también en otros muchos tipos de proyectos que les pueden ofrecer un retorno superior. Y por eso existe esa tendencia a reducir los tipos del impuesto. Los gobiernos deben considerar siempre, que las personas mayores son las que más invierten en productos de ahorro.
Doce acuerdos con otros tantos países le quitan a un Estado su calificación como paraíso fiscal, ¿es seria esta actuación de la OCDE?
Es cierto que esta es la percepción que tiene la mayoría de la gente en todo el mundo, que es fácil salir de la lista firmando acuerdos. Pero es necesario tener en cuenta que se trata simplemente del primer paso. El siguiente paso será que estos acuerdos no se firmen con cualquier país sino con aquellos estados con los que tienen más relación económica, lo que por tanto, justificaría una mayor necesidad de intercambio de información. Sin embargo, se percibe una preocupación en algunas jurisdicciones calificadas como paraísos en relación con una exigencia progresiva de demanda de información, que no sólo exija transparencia y colaboración con otros países sino que acabe afectando a otros elementos de sus sistemas fiscales, como por ejemplo, sus tipos impositivos y por tanto implique una restricción de su soberanía. Esto se podría interpretar como una barrera a la internacionalización de los negocios.
¿Por qué las empresas deben colaborar con Hacienda?
Tanto la desregulación como una excesiva regulación provocan que se genere ineficiencia en la empresas, y ello daña su competitividad. Por eso, yo promuevo el diálogo y la cooperación entre Administraciones y administrados, para que se simplifiquen los requisitos formales, que haya menos coste en el cumplimiento de las obligaciones. Esto ayuda a que las empresas sean más eficientes, con lo que los países serán también más eficientes. En un mundo perfecto no habría barreras para permitir el comercio de un país con otro.
¿Conoce a alguna Administración que haya hecho caso de las recomendaciones hechas por las empresas?
Sí conozco varios países, como Reino Unido, Irlanda, Australia y Holanda, que están testando este nuevo sistema. Se han encontrado con dos grandes problemas. De una parte, convencer a las empresas de que es necesario que revelen toda su información para lo que es necesario crear un ambiente de confianza, que haya una manera más justa de relacionarse. Y aquí incide el segundo aspecto, que es tan difícil como el primero y es que las autoridades dejen de pensar que su única misión es recaudar impuestos para pensar que, su misión es crear un sistema fiscal para que el país sea más competitivo, incrementando el nivel de servicios. Todavía es muy pronto para cantar victoria.
¿Y cómo ve la implantación en España?
En España se comenzó en julio a dar los primeros pasos en este sentido. El Foro de Grandes Empresas busca mayor transparencia y mejorar los servicios.
¿Qué camino deben tomar estas negociaciones?
Para que funcionen este tipo de acuerdos, como el del Foro de Grandes Empresas en España, es necesario que haya una ventaja, un beneficio, para ambas partes. Si la ventaja es sólo de una de las partes, habría un desequilibrio y no funcionaría. Por ejemplo, Hacienda debe defender a las empresas para evitar que exista una doble imposición y velar por un nivel eficiente de cargas administrativas. Esa es mi experiencia.
¿Y qué cara ponen los representantes de Hacienda cuando ven en los Foros empresas que usan paraísos fiscales?
Depende como definamos los paraísos. Hay países que tienen tasas bajas impositivas para atraer a los inversores, como es el caso de Irlanda y otros países de la Unión Europea. También puedo citar a Singapur. La mayoría de las multinacionales tienen relaciones con estos países de impuestos bajos. El conflicto surge cuando la compañía no puede explicar las razones comerciales por las que está en esos países, que no está únicamente por razones fiscales. Y tienen que demostrar que el valor de mercado se genera allí y, además, se pagan los impuestos establecidos. Si las transacciones son a precios de mercado y equilibradas, no tiene que existir problema alguno.
Pero, ¿son conscientes los consejos de administración de sus responsabilidades fiscales?
Los consejos sí que saben que son responsables de la transparencia de la compañía, pero muchos consejos no son conscientes de que una parte muy importante del riesgo financiero y reputacional es el riesgo fiscal.
Cuanto más se colabora con Hacienda mayores son los costes indirectos ¿no?
El exceso de carga administrativa es un riesgo real, pero la colaboración con Hacienda tiene que conllevar una menor molestia administrativa. Tiene que existir un beneficio mayor que el coste que se soporta. Si ya estamos contestando a todos los informes solicitados por Hacienda, ésta ya no nos tiene que abrumar con la solicitud de esas mismas informaciones o con otros extremos que carecen de relevancia. Es preciso que las nuevas cuestiones que se susciten sean sólo sobre asuntos relevantes y que haya agilidad.
¿Qué tiene que tener un código de buenas prácticas?
El código de buenas prácticas fiscales, como todos los códigos, debe de tener reciprocidad en las obligaciones entre ambas partes. No puede tener obligaciones solo para una de las partes. Se tienen que tender puentes para crear una situación de diálogo a largo plazo. Y cualquier ruptura o incumplimiento del código se tiene que discutir con ánimo de arreglo.
