
En un contexto en el que el empleo está siendo la principal víctima de la crisis en nuestro país, con más de cuatro millones de parados y sin expectativas de mejora en un futuro próximo, el Congreso dio, el pasado martes, su visto bueno definitivo a un texto con el que se valida el Real Decreto-Ley 2/2009 sobre medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo aprobado a principios de año por el Gobierno.
Desde que en marzo se pusiera en práctica el texto original, que permitió aplicar las medidas que en él se contenían de forma inmediata, se han podido ver sus frutos en el mercado laboral.
Aumento de los ERE
Lo más notable ha sido el significativo aumento de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de suspensión o temporales frente a los de extinción, limitando así el número de despidos.
Según reseñaba hace unos días el portavoz de Trabajo del PSOE en el Congreso, "mientras que el crecimiento medio de las suspensiones ha sido del 1.100 por ciento, el de las extinciones lo ha sido del 180 por ciento. Además, la aprobación del Real Decreto-Ley frenó el crecimiento mensual en las extinciones de empleo por ERE, que desde entonces están teniendo un comportamiento a la baja, sin olvidar que más de 14.000 empresas no han cerrado gracias a estas medidas y que más de 400.000 trabajadores se han beneficiado de la supresión del mes de espera para cobrar el subsidio".
El abogado, socio y director del Departamento de Derecho Laboral del despacho Uría Menéndez, Ignacio García-Perrote, respalda esta visión positiva de los efectos del Real Decreto-Ley en los últimos meses, logrando evitar mayor destrucción de empleo.
Sin embargo, este experto laboralista se mantiene cauto ante los futuros efectos de la normativa en aquellos aspectos cuyo desarrollo queda abierto para su sometimiento al diálogo social en un plazo no mayor a cuatro meses. García-Perrote cree que también sería necesaria una reforma de la negociación colectiva y de la legislación laboral.
El texto aprobado
Ante los buenos resultados del impulso de los ERE temporales y de reducción de jornada frente a los despidos colectivos, la nueva regulación amplía los plazos del Real Decreto-Ley para que estas medidas se puedan seguir implementando durante 2010, con posibilidades de prórroga algún año más en caso de que fuera necesario.
En sintonía con lo ya aprobado en el Real Decreto-Ley, el primer capítulo de la norma introduce una medida dirigida a favorecer la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos, bonificando las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social en un 50 por ciento en aquellos supuestos en que se proceda por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a un ajuste temporal del empleo con la perspectiva de garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, siempre que el empresario asuma el compromiso de mantener el empleo durante al menos dos años después de finalizada la situación de suspensión de contratos o reducción de jornada.
A esto hay que sumar que se modifica la regulación del convenio especial de la Seguridad Social que se suscribe en el marco de determinados ERE de empresas no incursas en procedimiento concursal.
El objetivo es, por un lado, evitar el abandono prematuro del mercado de trabajo de aquellos trabajadores que, a una edad laboral avanzada, vean extinguidos sus contratos de trabajo a través de despidos colectivos, y, por otro, mejorar la protección de estos trabajadores, al posibilitar que las cotizaciones efectuadas por el empresario durante los períodos de actividad laboral que se desarrollen durante la vigencia del convenio especial se apliquen a la parte del convenio que debe sufragar el trabajador a partir de los 61 años.
De este modo se fomenta la prolongación de la vida activa y se desincentiva una salida prematura del mercado de trabajo, con la merma en la pensión de jubilación que ello supone.
Para continuar informándose sobre la prórroga de las medidas urgentes para el fomento del empleo pueden leerla en nuestro suplemento semanal 'Iuris&Lex'.