Con un total de 717 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones, la Junta General Ordinaria del Colegio de Abogados de Madrid dio ayer el visto bueno al proyecto presentado por la Junta de Gobierno para los presupuestos de 2010.
El Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, antes de cumplimentar el trámite de la lectura y presentación del proyecto de Presupuesto, quiso manifestar una vez mas el malestar que, como responsable de la institución, ha manifestado en reiteradas ocasiones por la desatención que el gobierno de Madrid insiste en mantener con los abogados del turno de oficio.
Postura global del Colegio
Calificando el momento con la contundente frase de que "No son buenos tiempos para el Derecho de Defensa", Hernández-Gil se hizo eco de las injustas imputaciones que se realizan por el incremento de demanda de Justicia Gratuita. "Se quieren ajustar las cuentas publicas a costa del derecho de defensa. Y me refiero también a la situación de los inmigrantes. Esto es inadmisible para un Colegio de Abogados con vocación de función social, como el nuestro".
La postura global del Colegio ante este tratamiento al que se somete a los abogados del turno de oficio, según expuso el decano, es la de "suscitar, desde nuestra independencia, el debate en las fuerzas políticas de nuestra Comunidad, sostener la tensión de la reivindicación y recabar vuestro apoyo para transmitir la imagen de abogacía unida en una lucha absolutamente justa. No excluimos ninguna medida siempre que se salvaguarde el derecho de defensa del ciudadano".
Las cifras
En la Junta General el Decano expuso las actividades y novedades que presenta el presupuesto de 2010 que, asumiendo los compromisos adquiridos, son austeros para poder mantener los servicios a la vez que congelar las cuotas. Los algo mas de 49.000 millones ? presupuestados para 2010 representan un discreto crecimiento del 0,4 por 100 respecto al año anterior.
Esta Junta de Gobierno mantiene las políticas mantenidas durante los dos últimos años, dando una fuerte relevancia a las iniciativas que se plantean como prioritarias y que se engloban en el compromiso definitivo de ser un colegio solidario. De ahí que en este nuevo presupuesto se incida muy especialmente en las acciones corporativas en defensa del abogado y del derecho de defensa.
Muy especialmente en el Observatorio de la Justicia y en el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, que se coloca como otra de las prioridades prometidas y desarrolladas por la actual Junta de Gobierno.
Conviene recordar que, con el proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la conocida como "Ley Ómnibus", actualmente en tramitación parlamentaria, el Colegio tiene que adaptarse a esta normativa, por lo que se establece una cuota de incorporación por colegiado de 300 euros frente a los 915 euros actuales. Ello supondrá una reducción en los ingresos de 1.133.120 euros.
La apuesta por la formación de los colegiados, una de las actividades que mejor se valoran de la institución, se mantiene en el próximo ejercicio con una formación que alcanzara a unos 5.000 alumnos.
