La Comisión Europea baraja cifras externas según las cuales, el fraude fiscal se eleva al 2,5 por ciento del producto interior bruto (PIB). Lo que en el ámbito de la UE sumaría entre 200.000 y 250.000 millones de euros. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se perdería el 10 por ciento de la recaudación.
Para cortar la hemorragia, Bruselas propuso ayer un sistema experimental, temporal, parcial y voluntario de auto liquidación del IVA en transacciones entre empresas. Si recibe el apoyo unánime de los 27 Gobiernos de la UE, los Estados que lo deseen podrán modificar la aplicación de este impuesto al menos dos años y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2014.
Los cambios sólo se aplicarían al comercio de licencias para emitir CO2 -mecanismo para cumplir el protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático-, y a tres bienes que cada país elegiría entre los cuatro siguientes: teléfonos móviles, micro procesadores o chips, perfumes y metales preciosos.
No es una exención
Las empresas que vendan los bienes seleccionados no recaudarían el IVA correspondiente, ni tendrían que entregarlo a Hacienda. Las que los compran, declararían el IVA de esta operación en su liquidación; pero como no lo han pagado, no podrían solicitar su devolución o su deducción.
No se trata de una exención del IVA, porque aunque no haya recaudación el impuesto se aplica. Y, por tanto, las empresas que participan en la transacción mantienen el derecho a deducir el IVA pagado en otras transacciones.
Fraude ' carrusel '
Bruselas intenta evitar así el siguiente fraude : la empresa que vende se esfuma y sus responsables se quedan con el IVA recaudado. La que lo ha comprado reclama con una factura perfectamente válida su deducción a Hacienda. Y las arcas públicas deben devolver un IVA que ni han visto.
El caso es más grave cuando la misma trampa se repite al trepidante ritmo de un carrusel , y se produce una sucesión de transacciones múltiples entre una infinidad de empresas en diferentes países de la UE. Las autoridades públicas se quedan atónitas y fuera de juego.
Los Estados que pongan en marcha este proyecto piloto deberán recolectar información para evaluarlo y que el resto de la UE debata si perpetuarlo y extenderlo.
