"Debería liquidarse la empresa si en un plazo de tiempo máximo, inferior a un año, el empresario no ha sido capaz de optar entre la liquidación de la empresa o la reestructuración", ha afirmado Raimon Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), entidad que agrupa a los economistas que ejercen como administradores concursales.
Casanellas explicaba, de esta forma, la situación que se vive actualmente en los concursos, en los que algunos empresarios tardan más de dos años en decidirse entre el cierre de la empresa o su continuación.
En Estados Unidos existe este plazo, establecido entre los seis y los ocho meses, y aunque la mayor parte acaban en liquidación, al menos se evita la devaluación de los activos y, con ello, la pérdida económica para los acreedores.
Una norma "que defienda a la empresa"
Con vistas a las modificaciones que el Gobierno deberá introducir en la anunciada reforma de la Ley Concursal, Casanellas abogó también porque se elimine la actual prohibición de que las empresas puedan acudir al convenio en el caso de que no hayan presentado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil correspondiente.
El presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pich, explicó también, que la Ley Concursal es "demasiado rígida para afrontar la actual crisis económica", por lo que precisa una norma "menos liquidacionista y más proclive a defender la empresa".
Los economistas consideran que no existe una razón única para que las pymes y particulares hayan acudido en menor medida que los países de nuestro entorno a los procedimientos concursales, sino que se debe a un conjunto de motivaciones de distinta índole y no sólo de carácter económico.
Las pequeñas y medianas empresas no acostumbran a trabajar con un plan estratégico explícito que les permita controlar "las alarmas y riesgos que van asumiendo en términos de costes de oportunidad y riesgo patrimonial. Al funcionar sin esa visión estratégica se van metiendo en un camino de difícil salida cuando las cosas salen mal", afirmó Pich.
Una reducción de costes
Entre las principales causas que han influido en el menor uso de los concursos destacan, en primer lugar, el coste económico de todo procedimiento concursal, por lo que los economistas solicitan una reducción de costes, en la misma línea de otras reformas recientes de otros procedimientos judiciales.
También, el que en España todavía se estigmatiza al empresario que opta por la vía concursal, de forma que el anuncio de un concurso podría afectar a las ventas y situación de la empresa y, además, se crea la idea de que el empresario es un sinvergüenza, idea contra la que hay que luchar por incierta.
Como sucede con otras muchas leyes, están pensadas para las grandes empresas, por lo que las pymes y particulares tienen una problemática diferente que las disposiciones no tienen en cuenta.
Finalmente, influye la composición del empresariado español que en un 99,86% son empresas con menos de 240 trabajadores. El Consejo de Economistas presentó ayer una guía de actuación de la empresa ante el concurso, que será distribuida entre los empresarios para mostrarles paso a paso el procedimiento.
