BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El director de Banesto en Cataluña en 1994, Miguel Angel Calama, responsabilizó hoy a un subdirector de la entidad de la decisión de querellarse contra el grupo Olabarria por no devolver un crédito de 600 millones.
Además, durante el juicio en la Audiencia de Barcelona, dijo que el entonces presidente de la entidad, Alfredo Sáenz, no tenía por qué conocer la operación ni la decisión de denunciar el impago, ya que acababa de llegar al cargo y tenía "18.000 batallas" a las que enfrentarse.
La Fiscalía pide 9 años de prisión y 300.000 euros de multa a cada uno de los acusados de BANESTO (BTO.MC)--Calama, Sáenz, el consejero director general del área comercial, José Angel Merodio, y el abogado de la entidad, Rafael Jiménez de Parga-- por los delitos de acusación y denuncias falsas y estafa procesal en grado de tentativa, además de la inhabilitación para ocupar cargos en consejos de administración durante dos años.
Durante su interrogatorio como acusado por denuncia falsa, Calama explicó que, después de que el 28 de diciembre de 1993 la entidad fuera intervenida por el Banco de España y la cúpula fuera sustituida, él no estaba autorizado a conceder créditos superiores a 25 millones de euros, y que su cobro dependía de una mesa central calificadora de riesgos, encabezada por el subdirector general de Riesgos, Francisco Teba.
Calama exculpó a Merodio, que llegó a la entidad en mayo de 1994, cuando ya se había tomado la decisión de querellarse contra el grupo deudor, por lo que no fue él quien encargó tomar acciones judiciales contra Olabarria, aunque les conocía personalmente.
El responsable del Banesto en Cataluña y Baleares reiteró la versión dada por el banco cuando interpuso la querella, asegurando que los socios del grupo --Pedro Olabarria, Modesto González Mestre, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García-- garantizaron "moralmente" la devolución del crédito. De hecho, dijo que había una "confianza" en las "personas físicas" que supuestamente tenían que devolver el crédito.
No obstante, admitió que no había ningún documento que confirmara que la cúpula de Olabarría garantizaba personalmente el crédito. Igualmente, admitió que no tenía conocimiento de que los socios del grupo hubieran desviado capitales a cuentas en el extranjero, como constaba en la querella de Banesto.
Finalmente, Calama dijo desconocer que el entonces juez Lluís Pascual Estevill iba a hacerse cargo de la querella de Banesto y aseguró que no había hablado con el magistrado sobre este tema.
El juicio llega quince años después de los hechos, cuando los directivos de Banesto se querellaron contra la cúpula del grupo Olabarria por estafa y alzamiento de bienes al no devolver un crédito de 600 millones de pesetas de la época (3,6 millones de euros).
Inicialmente, el caso fue instruido por el entonces juez Lluís Pascual Estevill que ordenó prisión para los cuatro socios del grupo Olabarria denunciados por Banesto: Pedro Olabarria, Modesto González Mestre, Luis Fernando Romero García y José Ignacio Romero García.
Precisamente, Estevill fue condenado en 1996 por prevaricación y detención ilegal contra estos cuatro socios. El ex juez --ahora en prisión-- está citado a declarar como testigo ante la Audiencia de Barcelona.
ARGUMENTOS DE LA FISCALIA
Según el escrito del fiscal, los directivos de Banesto dieron luz verde a la interposición de la querella por parte de Jiménez de Parga sabiendo que los hechos y las afirmaciones en que se sustentaba eran falsos.
El fiscal considera que los directivos del banco siguieron con la querella porque se sintieron engañados y estafados, especialmente cuando constataron que el impago se debía a la suspensión de pagos del grupo empresarial.
Finalmente, en enero de 1995 se archivó la causa contra este grupo de empresarios, que entonces decidieron denunciar a los responsables de Banesto, causa que empezó a juzgar ayer la Audiencia de Barcelona.
Ahora, Pedro Olabarria y el resto de directivos del grupo reclaman a los acusados de Banesto una indemnización de un euro para cada uno de ellos.
