MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Alberto Cortina y Alberto Alcocer han recibido 7,9 millones de euros de manos de 25 miembros de la familia del constructor Julio San Martín en concepto de devolución de parte de los 25 millones de euros que los empresarios depositaron en favor de sus socios minoritarios en concepto de intereses por las posibles responsabilidades civiles del 'caso Urbanor'.
"Hacer constar que en la cuenta de consignaciones judiciales de esta sección se han efectuado 25 ingresos por un importe total de 7,9 millones de euros", según el auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 12 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press.
'Los Albertos' recibirán así 3,9 millones de euros cada uno en sus cuentas corrientes por estas devoluciones, ordenadas por este tribunal el pasado 23 de septiembre, tras la absolución por prescripción dictada en febrero de 2008 por parte del Tribunal Constitucional y acogida posteriormente por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, el auto da un plazo de 15 días al arquitecto Pedro Santieri y a sus socios Luis García Alarcón y Francisco Castelló para que devuelvan los 9,3 millones de euros, 5,2 millones de euros y 2,08 millones de euros, que cobraron respectivamente de 'Los Albertos' como denunciantes del 'caso Urbanor'.
"Bajo apercibimiento expreso de su exacción por vía de apremio", advierte así el tribunal de un posible embargo. Todos ellos integraban el Grupo Astory y eran accionistas de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se ubican las torres KIO en la madrileña Plaza de Castilla y cuya venta al grupo kuwaití desembocó en la demanda contra Cortina y Alcocer por presunta estafa y falsedad documental.
La Audiencia Provincial ordenó en septiembre el inicio del trámite de devolución cancelando el aval de 24,5 millones de euros pagado por los empresarios en marzo de 1998 a sus demandantes.
Asimismo, solicitó a los socios minoritarios de Urbanor la devolución de los 25 millones de euros pagados en concepto de intereses que el aval no cubría y que ordenó abonar la sentencia condenatoria por estafa dictada el 14 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo, que condenó a 'Los Albertos' a tres años y cuatro meses de cárcel, y que posteriormente revocó el Constitucional.
