Las Palmas de Gran Canaria, 23 sep (EFE).- La Audiencia de Las Palmas considera que el expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, fue "el verdadero muñidor de la trama corrupta" que saqueó el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009, para obtener comisiones en su propio beneficio.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, declara a Dimas Martín culpable de un delito de asociación ilícita (en este caso asociada a la corrupción), de otro continuado de malversación de caudales públicos y de un tercero de cohecho, también continuado.
Todo ello añade siete años y cinco meses de cárcel a su historial penal, que incluye ya media docena de condenas por delitos relacionados con la corrupción en otras tramas ya juzgadas, como cohecho, malversación, prevaricación, contra la Hacienda pública, contra la ordenación del territorio y daños al patrimonio histórico.
El tribunal entiende probado que el fundador del PIL ejercía una "ascendencia total y absoluta sobre los concejales" de esta formación en Arrecife, a los que daba "instrucciones precisas" incluso desde la prisión donde en aquellos momentos ya se encontraba cumpliendo condena.
La finalidad, según la sentencia, no era otra que "lograr beneficios bien económicos, bien de otra índole, así como conseguir una fuente irregular de ingresos para el PIL y afán de lucro personal", algo que también "guiaba" a sus colaboradores.
"En atención a la referida voluntad de actuación, estos cuatro acusados (el propio Martín, los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra y el tesorero del partido, Matías Curbelo) se confabularon para solicitar comisiones a distintos empresarios, a los que se suponía afines al PIL, bien para que les fueran adjudicadas obras, bien para el cobro de los servicios ya ejecutados", añade la resolución de la Audiencia.
Para ello, continúan los magistrados, los protagonistas de esta trama de corrupción, una de las piezas principales del llamado caso Unión, se "valían unos, los concejales acusados don José Miguel y don Ubaldo, de los cargos públicos que ostentaban; otro, don Matías, de la función que ostentaba en el PIL; y el último, don Dimas, de la ascendencia que tenía sobre todos".
Gracias a ello, remarca la sentencia, lograron "los cuatro acusados beneficios para sí mismos y para el partido", a través de operaciones que abarcaron desde la redacción del nuevo plan de urbanismo de Arrecife, hasta la contratación por parte del Consistorio de diversas obras y servicios con empresas.
En este último caso, los condenados se organizaron para otorgar contratos a las empresas que les pagaban comisiones mediante una "ficción de expediente administrativo, para justificar la adjudicación de hecho ya efectuada, fraccionado en ocasiones el objeto de los mismos para impedir la libre concurrencia de empresas, eludiendo el debido control administrativo" o contratación de trabajadores por parte del Ayuntamiento".
Otros empresarios extorsionados por esta trama aceptaron pagar sobornos para que el Ayuntamiento de Arrecife les pagase las deudas que "legítimamente" reclamaban por trabajos ya realizados.
Y la oferta de ventajas que manejaban Dimas Martín y sus colaboradores para las empresas que compraban sus servicios con sobornos incluía además la de recibir información privilegiada sobre las condiciones de futuras licitaciones o sobre la situación de los créditos que el Consistorio debía a sus proveedores.
Como colofón de todo ello, la Audiencia declara probado que, "siguiendo las ordenes recibidas del acusado Dimas Martín, los concejales José Miguel Rodríguez, receptor de la mayor parte de las mismas, y Ubaldo Becerra, así como el tesorero Matías Curbelo, quien incluso afirmó haber llevado una contabilidad paralela del PIL, se encargaron de la recaudación del metálico proveniente de las comisiones, pago de comisiones al que se aquietaban los empresarios previa negociación con los concejales acusados".
En este caso, Dimas Martín y sus cómplices lograban obtener de los empresarios que se prestaban a pagar sobornos una comisión que ascendía hasta el 10 % de la deuda que pretendían cobrar del Ayuntamiento o del montante del contrato que querían conseguir.
