Guatemala, 20 sep (EFE).- La defensa de la ex primera dama de Guatemala y excandidata a la Presidencia, Sandra Torres, solicitó este viernes a la jueza que dicte falta de mérito en un caso de un supuesto delito de financiación electoral ilícita.
Durante el desarrollo de la tercera sesión de la audiencia de primera declaración, celebrada ante el Juzgado de Mayor Riesgo A que preside Claudette Domínguez, la defensa de Torres aseguró que su patrocinada no incurrió en ninguno de los delitos imputados y por ende pidió decretar "falta de mérito".
Torres, de 63 años y a quien la Fiscalía le imputó los delitos de financiación electoral ilícita y asociación ilícita por supuestamente negociar fondos para la campaña electoral de 2015 de forma irregular y sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral, llegó a Tribunales ataviada con unas gafas oscuras, su brazo izquierdo inmovilizado y cubriendo sus hombros con un pañuelo azul.
Los abogados de la ex primera dama aseguraron que Torres tuvo distintos cargos dentro del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) desde su formación en el año 2001 y que la Fiscalía no ha logrado probar que "de manera personal y directa haya cometido un delito".
Después de varias horas de exposición, la jueza fijó el próximo 16 de octubre como fecha para emitir fallo y decidir si procesa o no a la exprimera dama, que está recluida en una cárcel que funciona en la Brigada militar Mariscal Zavala y donde deberá permanecer.
Domínguez dijo que utilizará estos días para revisar da uno de los 300 medios de convicción presentados en este caso, así como los argumentos de la defensa y de la acusación en este caso que involucra a la exprimera dama, que perdió las elecciones presidenciales el pasado 11 de agosto frente al conservador y centroderechista Alejandro Giammattei.
Torres, según la investigación, actuó de manera "consciente" y "deliberada" para no detallar esos gastos durante la campaña a la Presidencia que perdió frente al actual mandatario, Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, y para ello autorizó a otras personas a que buscaron esos fondos.
Según la investigación, en la que colaboró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Torres participó y tenía conocimiento de la financiación irregular de su partido en la campaña de 2015, donde no reportó 3,5 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral.
De ellos, unos 453.000 dólares provenían de sobornos del caso destapado en enero de 2018 "Traficante de Influencias", una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones, y el resto son de financiación electoral anónima.
Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como "centros de recaudación" y administración de recursos externos al partido por medio de un manejo paralelo de las "finanzas oficiales" para eludir "el control sobre los fondos aportados".
Con base en estos hechos, la Fiscalía ha solicitado a la jueza dictar auto de procesamiento contra la ex primera dama, que no lleva grilletes por una lesión en su mano izquierda, por "el delito de asociación ilícita (...) y por el delito de financimiento electoral no registrado" y se verá su fallo el próximo 16 de octubre.
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