El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada afronta a partir de este martes una demanda de extradición en EEUU, cinco años después del "genocidio" del que está acusado en su país y que en 2003 derivó en su renuncia a su segundo Gobierno.
La embajada boliviana en Washington ha solicitado formalmente al Departamento de Estado de EEUU la extradición del ex mandatario y sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.
Sánchez de Lozada, de 78 años, está procesado por "genocidio", que en la legislación boliviana abarca el delito de "masacre sangrienta", por la muerte de más de 60 personas durante la represión de varias protestas ocurridas entre septiembre y octubre de 2003.
Violentas protestas y represalias
El ex mandatario (1993-1997 y 2002-2003) renunció a su segundo Gobierno el 17 de octubre del 2003 y se autoexilió a Estados Unidos, donde vive desde entonces al igual que sus dos ex ministros, que están acusados de complicidad en el "genocidio".
En su primer Gobierno, Sánchez de Lozada abanderó una serie de reformas liberales en Bolivia expresadas principalmente en la privatización parcial de varias firmas estatales, mientras que en el segundo mandato sus programas enfrentaron varios conflictos sociales violentos.
En febrero del 2003, 33 personas murieron en choques entre militares y policías cerca de las puertas del Palacio de Gobierno en La Paz en medio de un motín policial contra un plan de tributos al salario.
Las protestas de octubre de ese mismo año causaron más de 60 muertos por la represión del Ejército y la Policía a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia EEUU por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Ese proyecto fue impulsado entonces por la trasnacional hispano-argentina Repsol YPF y las británicas British Gas y British Petroleum que, tras los sucesos del 2003, abandonaron la idea.
Un largo proceso de extradicción
La acusación por "genocidio" contra "Goni", como es llamado en Bolivia, fue aprobada por el Congreso de este país en 2004 y la Corte Suprema dio curso a la solicitud de extradición en septiembre del 2007.
La Corte Suprema tardó varios meses en remitir los documentos a la Cancillería para que fueran traducidos al inglés y se pudiera plantear la solicitud formal a Washington.
El abogado de las víctimas de la matanza del 2003, Rogelio Mayta, ha comentado que los cinco años transcurridos desde entonces muestran que en Bolivia no hay "una persecución política", como ha denunciado Sánchez de Lozada.
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