
La crisis política en Bolivia se profundizó con el Gobierno insistiendo en la necesidad de imponer una Constitución socialista y la oposición ratificando que seguirá con sus planes de que los departamentos mas ricos del país declaren su autonomía.
Un día después de que el distrito de Santa Cruz, la capital económica de Bolivia, votara en un referendo a favor de reducir su dependencia del Gobierno central, el oficialismo y la oposición volvieron a chocar sobre cómo sacar adelante a la nación más pobre de Sudamérica. Para el Gobierno izquierdista, el estatuto de autonomía que los cruceños aprobaron el domingo es, ademas de ilegal y separatista, inaplicable, debido a que la alta abstención en la consulta demostraría que carece de un consenso básico.
En tanto, la oposición reafirmó que otros tres distritos en el oriente del país, de los nueve que tiene Bolivia, realizarán en los próximos meses referendos de autonomía para frenar las ambiciones centralistas del presidente Evo Morales, que busca con la nueva Constitución dar marco legal a su nacionalización de la economía y otorgar más poder a la mayoría indígena.
Un Gobierno 'miope'
"Este Gobierno es miope. Él (Morales) no reconoce la voluntad popular (...) No se esta entendiendo el proceso de desplazamiento de hegemonía que se viene dando en el país", resaltó a un canal de televisión el prefecto del departamento Beni, Ernesto Suárez. Morales, quien había llamado a la abstención en Santa Cruz, calificó la consulta como un fracaso. Sin embargo hizo una convocatoria al dialogo con la oposición.
Pero, las posibilidades de un pronto dialogo sufrieron un duro golpe en la noche de este lunes, cuando el Gobierno descartó a la Iglesia Católica como mediadora, molesto porque el cardenal del país, Julio Terrazas, participó en el referendo como votante: "Se pronunció políticamente la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, por el camino de apoyo explícito a la ilegalidad, y por lo tanto despejó toda posibilidad de convertirse en facilitador o mediador", dijo en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.