El gobierno chileno conformó un equipo jurídico para determinar responsabilidades por el pago de pensiones a falsos beneficiarios de un programa de reparación de trabajadores despedidos por razones políticas en la dictadura de Augusto Pinochet, y que significaría un millonario fraude al fisco.
"Hemos constituido un equipo jurídico del mayor nivel para efectos precisamente de poder determinar ante los tribunales de justicia que responsabilidades pueden haber habido, personales o institucionales, en el otorgamiento de estas pensiones", dijo el ministro del interior, Andrés Chadwick, en rueda de prensa.
Una investigación de la Contraloría en base a una muestra aleatoria de 9.200 "exonerados políticos" de un total de 150.000 que accedieron al programa, determinó que 3.000 de ellos son falsos beneficiarios, que en total recibieron unos 60 millones de dólares anuales.
El gobierno estima que la cifra de falsos despedidos y del dinero que recibieron podría ser mayor y convertirse en el mayor fraude al fisco.
"De acuerdo a nuestras proyecciones esto podría llegar, incluso, a una cifra del orden de los 180 millones de dólares que anualmente el país tiene que destinar para pagar pensiones de exoneración política a quienes no tienen el derecho de recibirla", afirmó el ministro.
El gobierno chileno impulsará además un proyecto de ley que parlamentarios oficialistas pondrán en discusión en el Congreso, mediante el cual se suspenda el pago a los falsos beneficiarios y se lo garantice a los verdaderos exonerados políticos, sostuvo Chadwick.
"El Parlamento, a través de una ley, es quien le quite esa calidad (de beneficiario) a quien la obtuvo de forma fraudulenta", dijo el diputado del oficialista Renovación Nacional, Cristián Monckeberg.
EL gobierno pedirá además al Consejo de Defensa del Estado que presente querellas penales y judiciales contra quienes resulten responsables, explicó Chadwick.
Según el ministro chileno existen "responsabilidades políticas claras y evidentes" de los gobiernos pasados, impulsados por partidos de centro izquierda, hoy en la oposición, durante los cuales se habría utilizado este programa "en épocas electorales" y como una forma de pagar "favores políticos".
El oficialismo señaló que se entregó la mayoría de estos falsos beneficios en la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) -actual candidata opositora para las elecciones presidenciales de noviembre- y en la de su predecesor Ricardo Lagos.
Las personas que pretendían acceder a este programa debían pertenecer a alguna de las cerca de 1.500 empresas estatales o privadas que fueron intervenidas o clausuradas por la dictadura militar (1973-1990), y acreditar esa condición mediante documentos oficiales o testimonios de testigos.
El gobierno chileno conformó un equipo jurídico para determinar responsabilidades por el pago de pensiones a falsos beneficiarios de un programa de reparación de trabajadores despedidos por razones políticas en la dictadura de Augusto Pinochet, y que significaría un millonario fraude al fisco.
