
La Justicia argentina ha derogado este jueves el nuevo decreto firmado el lunes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el cual creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino (FDA), proveniente de las reservas del Banco Central, destinado a pagar las deudas de este año. Mientras, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha afirmado que mantiene su intención de usar la reserva monetaria para el pago de la deuda pese al bloqueo dictado por la justicia.
"Estamos ante intentos de destitución evidente por parte de algunos sectores", ha afirmado la presidenta en un mensaje en la cadena nacional, en el que ha acusado a la oposición de mantener una actitud de "venganza institucional" de "la más baja estofa".
La decisión de la derogación la ha tomado la jueza de lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal que ha aceptado una medida cautelar presentada este miércoles por los diputados de la oposición Felipe Solá, Alfredo Atanasof y Graciela Camaño, que habían solicitado declarar inconstitucional dicha medida del Gobierno.
De esta manera, el decreto presidencial 298/10 queda derogado, por lo que el Gobierno no podrá disponer de parte de las reservas transferidas al Tesoro Nacional. Una decisión que se mantendrá en pie a pesar de la apelación presentada por la Presidencia ya que la medida cautelar fue dictada dentro de un juicio ordinario.
La crisis Gobierno-Banco Central
El objetivo de Fernández de Kirchner era, a través de ese y otro decreto promulgado también el pasado lunes, disponer de 6.569 millones de dólares (4.600 millones de euros) de los recursos del Banco Central, un importe similar al del polémico Fondo Bicentenario que derogó ese mismo día debido a la "judicialización" del proceso.
El Fondo Bicentenario fue creado en diciembre de 2009 en medio de una controversia sin precedentes que provocó una fuerte crisis entre el Gobierno y el Banco Central que se negó tajantemente a entregar las reservas que exigía la Presidencia. Ante esta crítica situación, Fernández de Kirchner decidió derogarlo pero crear otros dos decretos prácticamente iguales.
El Congreso deberá ahora pronunciarse sobre el decreto presidencial 298/10, preferiblemente antes de que el asunto llegue a manos de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, de apelaciones, la próxima semana.