El Gobierno argentino apelará la resolución del juzgado de Buenos Aires que este juves ha suspendido el pago de deudas soberanas con reservas del Banco Central al aceptar un recurso de amparo presentado por fuerzas de la oposición. Ayer mismo, la presidenta argentina comunicó la destitución por decreto del gobernador del Banco Central por su negativa a tomar dichas medidas y que hoy ha anunciado que apelará la decisión.
"Vamos a apelar el fallo", ha dicho el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en referencia al dictamen firmado por la jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento.
El fallo de Sarmiento sostiene que debe ser el Parlamento el que decida el uso de fondos del Banco Central, tal y como aducen las principales fuerzas políticas de la oposición, según fuentes judiciales y dirigentes opositores.
Por tanto, ha quedado suspendido el decreto que la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó a mediados de diciembre para crear un fondo con reservas monetarias por valor de 6.569 millones de dólares para pagar deudas soberanas este año.
En declaraciones a una emisora local, el ministro del Interior ha explicado que la jefa del Estado había firmado tal decreto en vista de que el Parlamento está en receso veraniego desde noviembre y para dar certeza a los acreedores de la deuda argentina "para todo 2010".
Randazzo ha destacado que el Banco Central tiene un "nivel de reservas muy importante" para garantizar el pago de deudas, a lo que se opuso Martín Redrado, destituido al frente del instituto emisor por un decreto que la presidenta y sus ministros firmaron el jueves y que ha entrado en vigor este viernes.
El recurso de Redrado
Los abogados de Redrado han presentado hoy un recurso contra su destitución después de que el funcionario ratificara su negativa a cumplir las órdenes del Gobierno y por considerar que su destitución sólo puede ser decidida por el Parlamento aunque haya sido designado a propuesta del Ejecutivo.
El Parlamento estará en receso hasta el 1 de marzo, a menos que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias, cosa que no ha hecho, por lo que la oposición busca la forma de convocar una sesión legislativa para la semana próxima en medio de una áspera polémica.
La comisión legislativa encargada de controlar la idoneidad de los decretos presidenciales está dividida entre ocho oficialistas y otros tantos opositores, por lo que las disposiciones de Fernández están vigentes hasta que el Parlamento dirima el asunto, según sostiene el Gobierno.
La destitución del titular del Banco Central
