El transporte público gratuito es una de las bazas de muchos partidos políticos para mostrar su apoyo a la lucha contra el cambio climático. La subida de la inflación y la crisis energética ha vuelto a poner este debate sobre la mesa. En Europa ya son 50 las ciudades que cuentan con este modelo, países como Luxemburgo o Malta -a partir de octubre- disfrutan de un servicio sin coste o con uno parcialmente como actualmente España, que de septiembre a diciembre bonifica el sector ferroviario. ¿Es realmente una medida útil o es simplemente propaganda?
Entre los que están a favor de la implementación de esta medida, como Wojciech Keblowski, investigador de la Vrije Universiteit Brussel y la Université Libre de Bruxelles, creen que es algo igual a los parques públicos, por los que no se paga ningún tipo de entrada. "Nadie nos pide que paguemos por cada minuto o cada hora que pasamos en un parque. Así que, ¿por qué no considerar el transporte público como parte de ese sistema y parte de ese acuerdo social?", dijo a Euronews. El viceprimer ministro de Luxemburgo, François Bausch, declaró a Euronews Next, que "cuando introdujimos la gratuidad del transporte público, fue la guinda del pastel. Es impulsar efectivamente el debate dentro de la población para que realmente se replantee su forma, cómo se mueve y verdaderamente vea lo que estamos haciendo".
Los fallos
En Tallin -capital de Estonia- desde 2013 implementan esta medida. Nueve años después han analizado los resultados, y estos no eran los esperados. Este servicio gratuito se puso en marcha para reducir el número de coches en circulación y hacer que la población optara por el transporte público y así se redujera la contaminación. Pero, por el contrario, esta medida no ha sido capaz de lograrlo, sino que ha aumentado el número de vehículos. "En nueve años, la proporción de coches ha pasado del 42% de los viajes al 48% actual. Así que, en este tipo de términos de movilidad sostenible, en realidad no ha demostrado ser eficaz", explicó la experta en movilidad sostenible de la Administración de Transportes de Estonia, Mari Jüssi, a Euronews. "Lo que realmente vimos en Tallin fue que el cambio del transporte público al coche aumentó", sentenció.
Esta medida no logró su principal objetivo que era la sostenibilidad, pero aun así desde la administración de Estonia creen que tuvo partes positivas. "Las familias con muchos niños en edad escolar ahorran algo de dinero durante el tiempo que dura el año. Y en algunas de las regiones, algunos de los autobuses regionales también son gratuitos desde 2018. Ahí vemos quizá más impactos positivos, porque ahí solían ser más caros estos autobuses regionales", dijo Jüssi.
Una medida, que sostienen, tuvo un efecto más social que ecológico pero que solo por no tener coste no funciona. "Si no se tiene una visión completa, una nueva estrategia, y si no se tiene un programa de inversiones en el que se demuestre que se mejoran las conexiones, que se mejora la calidad del transporte público, entonces sólo introducir el transporte público gratuito no es una buena idea", dijo Bausch.
Esto deja claro que es más eficaz una política lógica de transporte que sirva a la ciudadanía que un servicio gratuito que en muchos casos – como en Tallin- no disminuye el problema, sino que lo agrava.
Caso español
Desde el mes de septiembre en España el servicio de Cercanías y Media Distancia- con una serie de condiciones- no tiene coste. Una de las primeras cosas a matizar, en todos los casos, es que el billete lo paga el Estado por lo que no es gratuito, sino que se abona de forma indirecta mediante impuestos. Los corredores donde se ha implementado la medida son: Barcelona Sans-Girona-Cerbere, Coruña-Santiago-Vigo, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba-Jaén, Valencia-Vinaroz-Tortosa, Valencia-Alicante-Murcia, Madrid-Valladolid-Vitoria, Salamanca-Madrid y Madrid-Jaén. Esto deja de lado a los núcleos pequeños y a grandes extensiones del territorio – como la llamada España vacía- y que tradicionalmente cuentan con un servicio deficiente de trasporte público.
Esta medida provisional pretende ayudar a los ciudadanos ante las subidas de precios y para ahorrar energía, pero, según datos de 2019, el 84% de los usuarios de Cercanías se concentraban en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. La medida del gobierno nacional excluye también a los servicios de autobús que son los más extendido a lo largo de todo el territorio.
