Amnistía Internacional (AI) acusó al grupo español de construcción Ferrovial de ser cómplice de los malos tratos infligidos a migrantes en centros de retención en el Pacífico gestionados por Australia, en un informe publicado el miércoles. Ferrovial ha respondido a AI en un comunicado en el que aclara la situación de los migrantes.
La ONG de defensa de los derechos humanos había denunciado actos de "tortura" en un centro situado en el microestado insular de Naru gestionado por la compañía australiana Broadspectrum, perteneciente a Ferrovial y subcontratada por Wilson Security.
Amnistía considera que ni Broadspectrum, ni Ferrovial, que la adquirió en junio de 2016, tomaron las medidas necesarias para hacer respetar los derechos humanos.
Australia practica una política de mano dura con los migrantes, rechazando sistemáticamente los barcos que intentan llegar ilegalmente a sus costas y conduciendo a quienes lo logran a los campos de retención situadas en Papúa Nueva Guinea, subraya Amnistía.
En su informe, realizado a partir de informaciones publicadas por los distintos protagonistas y medios, Amnistía considera que el grupo, dada "la acumulación de datos", o bien tiene dudas, o bien es ciega ante la magnitud de los abusos en Nauru y la isla de Manus, y el papel que desempeñan Broadspectrum y Ferrovial en ellos".
Si bien el grupo asegura que dispone de un sistema para "mejorar el bienestar de los refugiados" y Broadspectrum se ha mostrado en desacuerdo con las alegaciones de la ONG, Ferrovial, Broadspectrum y el subcontratante en Nauru Wilson Security han anunciado que no deseaban prolongar el contrato del grupo con el departamento de inmigración australiano, que termina en octubre.
Ferrovial responde
El grupo español considera que el informe no añade nada nuevo respecto a los publicados por AI los pasados meses de julio y octubre de 2016, titulado Island of Despair, pues recoge el mismo contenido sin aportaciones distintas a las planteadas en los anteriores.
Considera además gratuitas las afirmaciones de AI pues no toman en consideración que la compañía anunció, inmediata a la adquisición de la australiana Broadspectrum, su decisión de no presentarse a la renovación de los contratos por no figurar dentro de sus actividades estratégicas, hecho que se producirá en octubre de 2017.
En otro de los puntos del comunicado, Ferrovial considera injustificada las responsabilidades atribuidas a Broadspectrum, dado que no gestiona los centros y carece de capacidad para determinar el status de estas personas. Su labor se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad, en aspectos como alimentación, alojamiento, educación, mantenimiento, limpieza, etc. Un trabajo similar fue desempeñado en el pasado por ONGs como Save the Children o Salvation Army. Estas personas viven en régimen de libertad de movimientos, pueden entrar y salir a su criterio de los centros, y cuentan con acceso a telecomunicaciones y servicios de internet. Muchas de ellos disfrutan ya del status de refugiado, tienen trabajo y viven integradas en la comunidad.
Para finalizar aclara que el RPC ha recibido visitas de entidades como al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional de Inmigración, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Defensor del Pueblo de Australia, etc.
Incluso señala que en diversas ocasiones, Broadspectrum ha solicitado a AI que plantee sugerencias específicas para mejorar las condiciones de estas personas, pero siempre ha declinado esta posibilidad.