Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramon Cierco, han puesto en duda las conclusiones de la auditoría sobre la entidad de PwC, que revela la existencia de unos 900 clientes vinculados al blanqueo de capitales, y han defendido su "buen nombre y honestidad".
Andorra publicó ayer el informe que durante el último año ha realizado PwC sobre la situación de la intervenida BPA, que determina que el banco tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales, lo que supone el 3 por ciento del total, y que generaban un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros, el 19 % del grueso del grupo andorrano.
Tras conocerse estos datos, la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), organismo andorrano similar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español, aseguró que está adoptando las medidas necesarias para identificar posibles indicios delictivos vinculados tanto a la dirección general como a los administradores de BPA, entre los que figuran los Cierco.
La familia Cierco ha asegurado hoy en un comunicado que ha recibido el informe de PwC con "indignación y sorpresa".
Los "legítimos propietarios del banco" consideran "inadmisibles" las insinuaciones de la AREB y aseguran que adoptarán las acciones legales oportunas "para defender la honestidad de la familia Cierco".
Los principales accionistas de BPA -controlan el 75 por ciento del capital- sostienen que "no hay ninguna prueba" de la comisión de delitos a la que apunta PwC y afirman que las cifras que la consultora incluye en su informe "son sorprendentes", a la vez que es "dudoso" que exista tal elevado nivel de "incidencias".
Si las incidencias que presuntamente se han detectado ya existían anteriormente y éstas no habían sido advertidas ni por las auditorías externas ni por las autoridades reguladoras del Principado, entonces "habrá que estudiar eventuales responsabilidades de los auditores y los reguladores".
Los Cierco creen que PwC probablemente está aplicando unos criterios más restrictivos que los que establece la actual normativa andorrana en prevención de blanqueo de capitales.
Auguran que, "si los mismos parámetros se aplican a las otras entidades de la plaza financiera andorrana, éstas tendrán numerosos problemas y dificultades".
"No hay que olvidar que muchas de las personas depositantes de fondos en el Principado son clientes de dos o más de los bancos establecidos en el país", subrayan.
Los Cierco remarcan asimismo que los administradores de BPA y su dirección general "siempre han sido diligentes en el cumplimiento de las obligaciones establecidas anualmente por las autoridades reguladoras andorranas.
Por ello, advierten, "se tendrán que pedir responsabilidades a los auditores KPMG y Deloitte por los últimos ocho años que han estado reportando un cumplimiento absoluto de la entidad con la regulación vigente" andorrana.
