A finales de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro decidió unilateralmente el cierre de un paso fronterizo con Colombia. Desde entonces, al menos 1.482 colombianos que vivían en el Estado venezolano de Táchira han sido deportados y 19.952 más han huido de Venezuela buscando protección.
Son datos recogidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La situación no ha dejado de empeorar. Se ha llegado al punto de que un 43% de los colombianos teme una guerra con los venezolanos. El motivo esgrimido por Maduro para el cierre es que el 19 de agosto militares venezolanos habían sido atacados por supuestos paramilitares colombianos en la frontera común.
Dos días después, el 21 de agosto, el presidente venezolano decretó el estado de excepción en la zona ya cerrada y más tarde amplió la medida al estado de Zulia, al norte. El pasado 15 de septiembre anunció la extensión del estado de excepción al estado de Apure.
Estas acciones implican la intervención en todos los municipios fronterizos de los estados de Táchira, Zulia y Apure. La frontera entre ambos países se extiende a lo largo de 2.200 kilómetros. A día de hoy la única entidad limítrofe con Colombia que no está en estado de excepción es la provincia de Amazonas, al sur.
Maduro continúa justificando sus acciones alegando que se producen en el marco de una campaña contra la infiltración de organizaciones criminales colombianas en Venezuela. Reclama a su vecino una "mayor colaboración" para luchar contra los delitos fronterizos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, considera "injustificadas" las medidas llevadas a cabo por Maduro que, por otra parte, "afectan a los habitantes de ambos lados de la frontera sin resolver el problema del contrabando". La Cancillería de Colombia ha venido pidiendo a Venezuela respetar "la integridad y los derechos humanos" de sus ciudadanos y que "antes de aplicar medidas de deportación analice la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos". Así, mediante un decreto, Bogotá concederá permiso especial de ingreso y permanencia a los venezolanos casados o que sean compañeros permanentes de colombianos "deportados, retornados o expulsados" de ese país.
Su propósito es reunificar a las familias desintegradas como consecuencia de las medidas implementadas por Caracas en las diferentes zonas de frontera. Esos permisos tienen una vigencia de 180 días -no prorrogables- y después de ese trámite, los beneficiados podrán solicitar la nacionalidad colombiana.
Caldo de cultivo para mafias
Como en cualquier frontera, las poblaciones de ambos lados siempre han vivido de intercambios, legales e ilegales. La situación se complica enormemente por la divergencia de resultados de unas economías dispares llevando a una colisión de sistemas incompatibles. En Venezuela existe una economía centralizada y controlada. El abandono de la libre competencia se traduce en déficit de bienes y servicios, que son subsidiados, pero insuficientes. Ello genera un mercado ilegal de contrabando, caldo de cultivo para mafias, tanto venezolanas como colombianas.
El estallido de la crisis binacional se debe ante todo a la crisis económica y de grave desabastecimiento en Venezuela y el riesgo de perder las elecciones parlamentarias. Ante la presión interna de los comicios de diciembre sobre el Gobierno chavista, Maduro recurre a esta estrategia desesperada: la archiconocida maniobra de autócratas para distraer la atención y movilizar la población presentando enemigos exteriores.
En los últimos meses, Caracas ha intentado encender sus fronteras como sucedió en el conflicto por el río fronterizo Esequibo con Guyana. Lo que sucede con Colombia no es propiamente un conflicto fronterizo, puesto que la disputa no se desata por territorios sino por la ausencia de un sistema efectivo de control. Esto lleva a un elemento más en esta crisis: la corrupción rampante del estamento militar venezolano, que no está dispuesto a perder su importante parcela de poder. Y las extradiciones, de Colombia a Estados Unidos, de presuntos narcotraficantes venezolanos podrían estar dando importante información sobre el papel del bolichavismo en el narcotráfico.
Otra dificultad es que el Ejecutivo de Bogotá sabe que existen intereses políticos del lado venezolano. Así, el pasado martes, Venezuela y Colombia acordaron crear tres comisiones conjuntas para estudiar asuntos relacionados con la situación de los colombianos en ese país. Incluso así, todavía no está claro que esas delegaciones hayan logrado evaluar resultados específicos para la reunión de este lunes.
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