La Unión Europea da un viraje importante en su política de libre circulación de personas, uno de los pilares básicos de la Unión Europea, que se enfrenta a un auge de los movimientos nacionalistas y anti-inmigración. La puesta en marcha, hace dos semanas, de un proyecto en Alemania que limitará el acceso de los inmigrantes europeos en el país mientras se busca empleo, es uno de los ejemplos más recientes de ese giro.
"Es una tendencia que parece suponer que algunos Estados como Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros, ya no quieren proteger ese pilar por cuestiones de política interna e intereses, como la proximidad de las elecciones europeas", explica Gemma Pinyol, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra.
Las previsiones alemanas
La medida alemana se trataría de una respuesta a la apertura de fronteras a trabajadores de Rumanía y Bulgaria. El Gobierno alemán espera que el número de rumanos y búlgaros que se trasladen a su país se duplique este año.
Las nuevas medidas de contención incluyen restringir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan sido expulsados por supuestos abusos al sistema social, la concesión de permisos limitados de residencia de entre tres y seis meses para la búsqueda de empleo y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.
Para Pinyol, la falta de números concretos de personas que abusan del servicio y de inmigrantes que utilizan esos servicios tornan las cifras aún muy generales y terminan "creando un rumor". "No hay tanta gente que esté usando los servicios sociales, los gastos no son tan grandes, ni tan representativos. Pero lo cierto es que hay una víctima real: el inmigrante", afirmó.
Según las cifras presentadas por las autoridades alemanas, el número de rumanos (205.026) y búlgaros (118.759) en Alemania todavía es inferior al de otras nacionalidades europeas, como los polacos (532.375) y los italianos (529.417). El informe del Gobierno subrayó que entre 2012 y 2014 la llegada de inmigrantes búlgaros y rumanos subió un 414,5 por ciento.
Legislación
Si bien parece controvertida la actuación alemana, la norma europea reconoce el derecho de residencia para los trabajadores, pero no de manera ilimitada, explica Pinyol.
El ejemplo de Bélgica
La Comisión Europea declaró que la legislación de la UE permite a Alemania expulsar a partir de un periodo de tres meses a ciudadanos de otros Estados miembros que no dispongan de recursos para mantenerse, como ya hace por ejemplo Bélgica. Reconocido por la Comisión Europea como uno de los más generosos en las políticas de asilo para refugiados de terceros países, el país ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de expulsar a ciudadanos comunitarios. Aunque los datos iniciales apuntaban a un número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado.
El Ejecutivo comunitario recordó incluso que, de acuerdo con las normas vigentes, "una persona no tiene el derecho absoluto a quedarse en otro Estado miembro".
Los límites a la circulación de rumanos y búlgaros se han aplicado además de en Alemania y en Bélgica, en Holanda, Austria y Francia. También en España, donde la CE permitió prolongar el límite del acceso a los trabajadores rumanos durante el año 2013 debido a la crisis. Los rumanos son el colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país (773.122 en 2013).
Reino Unido y Francia
En Reino Unido, el tema de la inmigración se convirtió actualmente en un tema crucial de debate de cara a las elecciones europeas de mayo y a las legislativas previstas para 2015. El Gobierno de David Cameron acelera la puesta en marcha de nuevas restricciones a la inmigración europea y, a partir de abril, no otorgará más ayudas para vivienda a los inmigrantes desempleados provenientes de la UE. Un 77 por ciento de los británicos apoya una bajada de la inmigración, según un estudio de instituto NatCen.
"Ante la proximidad de las elecciones europeas, los partidos endurecen su discurso para competir en un contexto de formaciones antieuropeas y de ultraderecha. Cameron lo hace también por crecimiento del UKIP (Partido Independiente)", concluye Pinyol.
La decisión de Suiza de restringir el número de inmigrantes también tuvo adeptos en varios partidos franceses. El exprimer ministro François Fillon, de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), pidió que el Parlamento francés pueda fijar cada año cuotas de admisión de inmigrantes, acordes con los capacidades del país. Las afirmaciones fueron precisadas por Rachida Dati -eurodiputada y candidata a revalidar su escaño-, quien declaró que "la libertad de circulación debe ser sometida a condiciones". La líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, también reclamó un referéndum sobre la inmigración y que se instaure por ley la preferencia de los franceses en el acceso a los puestos laborales.