Los abusos de las grandes empresas multinacionales se han centrado sobre todo en los países del sur. Estas corporaciones han experimentado con humanos y devastado zonas en distintos lugares del mundo, sobre todo en los países sureños. Después han pagado grandes cantidades de dinero para silenciar esos grandes abusos y evitar juicios.
Tal como publica el diario Público, Shell ha sido uno de esas empresas que han pagado para evitar el juicio, después de, por supuesto, proclamar su inocencia. Sus directivos decidieron abonar la cantidad de 11 millones de euros por la muerte de nueve activistas ogonis en 1995 que protestaban por las actividades que la multinacional realizaba en el Delta del Níger.
También la empresa farmacéutica Pfzizer pagó 55 millones por la muerte de 11 niños en Nigeria por un supuesto experimento en el que se probaba un medicamento, evitando así ir a juicio.
Tanto políticos como militares han vivido siempre bajo la amenaza de un tribunal internacional, pero hasta ahora esta no afectaba a los ejecutivos. Sin embargo, dos relatores de la ONU, Martin Scheinin y Manfred Nowak, han redactado sendas propuestas para crear una Corte Mundial que juzgue también a las multinacionales.
Es la primera vez que en las Naciones Unidas se redacta una propuesta así. Los documentos responden a un encargo de la llamada Iniciativa Suiza, dirigida por la ex Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y cuenta con el objetivo de fijar los objetivos más apremiantes en este campo.
Los proyectos de Scheinin y Nowak reabren el debate
La necesidad de crear esta nueva institución viene explicada en los 22 preguntas que preceden a los 63 artículos de los que consta el proyecto Scheinin.
Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco explica que "hace mucho que la sociedad civil pide un proyecto así y es muy importante que proceda de Naciones Unidas".
La posición oficial de la ONU es mucho más cauta y remite al Global Compact, unos principios a los que se adhieren voluntariamente las empresas con la promesa de respetarlos. Sin embargo, los documentos Sheinin y Nowak reabren el debate en la institución. Hay 6.000 compañías anotadas, incluyendo muchas que se encuentran en las listas negras de algunas ONG.
Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, opina que "nuestra vía es la voluntaria y, sin ser perfecta, ha funcionado porque las empresas han ido entendiendo que les conviene respetar unos principios".
Jesús Carrion, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya, se muestra en cambio crítico con los códigos voluntarios porque "en la práctica permiten a las empresas evitar la auténtica fiscalización".
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