El gobierno de facto de Honduras fue muy cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo informe concluye que se violan las garantías individuales, a sólo dos días de la llegada a Tegucigalpa de una misión de siete cancilleres de la OEA.
La CIDH cerró el viernes su visita a Honduras destinada a evaluar las denuncias de abusos contra los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado que instaló en el poder a Roberto Micheletti el 28 de junio pasado.
De acuerdo al informe preliminar, "la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía".