Era una reivindicación histórica de los autónomos y de las pequeñas empresas. Se esperaba una afluencia masiva de estos colectivos para apuntarse al IVA de caja, el nuevo sistema que permite pagar el impuesto sólo cuando se cobra efectivamente la factura y no cuando se emite. Y, sin embargo, a falta de sólo dos días para que concluya el plazo prorrogado por Hacienda, ya que expira el lunes 31 de marzo, apenas se ha apuntado un 4% de los posibles beneficiarios.
Aunque en el Ministerio de Hacienda no disponen todavía de datos definitivos, sí reconocen que "la acogida no ha sido buena", las encuestas realizadas por las asociaciones representativas de los emprendedores reflejan que sólo unos 25.000 autónomos sobre un universo potencial de 1,5 millones de beneficiarios y en torno a unas 200.000 pequeñas empresas se han acogido al IVA de caja.
Unas cifras que, de confirmarse y no serán muy diferentes cuando se cierre el plazo, suponen el 1,6% del total de los autónomos y en torno al 15% de las pymes con una facturación inferior a dos millones de euros anuales, que son las que pueden optar el sistema de caja en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En opinión del secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomo (UPTA), Sebastián Reyna, dos son las causas fundamentales que explican esta mínima acogida. Por un lado, "la complejidad administrativa que exige la norma aprobada por Hacienda", que obliga a los autónomos y pymes a llevar una cuenta especial de facturas pagadas y no pagadas, además de un sello diferente explicativo para cada factura, lo que supone un sobrecoste para el emprendedor, además de, en muchos casos, la exigencia de contratar a un gestor para llevar la contabilidad.
Presiones de los grandes
El segundo factor, y de mayor trascendencia, las "sugerencias que a nivel informativo están recibiendo muchos autónomos y pequeños empresarios de sus clientes", fundamentalmente las empresas grandes y medianas que, bien de forma verbal o por escrito, les han comunicado que "el IVA de caja les perjudica". Incluso en muchos casos se les ha hecho saber que el aumento del coste financiero que les produce el cambio al nuevo sistema del IVA se lo tendrían que repercutir en el precio final de los productos y servicios que les prestan.
Respecto a este tema, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) Antoni Cañete, denunciaba ayer que "en algunos sondeos previos a la elaboración del informe anual, la Plataforma constató el hecho de que determinadas compañías estaban comunicando a sus proveedores que si se acogían al IVA de caja no les contratarían más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado la factura".
Para acabar con este "abuso" la Plataforma Multisectorial ha propuesto al Gobierno que invierta el sujeto pasivo para el proveedor, en su mayoría pymes y autónomos, quede exonerado del anticipo del impuesto y así "se ponga de manifiesto cuáles son los clientes, en su mayoría grandes empresas, que no pagan sus facturas a tiempo".
Respecto a los sectores de actividad que mayormente optan por acogerse al IVA de caja, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos coinciden en señalar que fundamentalmente se concentran entre quienes trabajan directamente con las administraciones públicas, como informáticos, diseñadores etc; además de las profesiones liberales y nuevos negocios como los relacionados con la asistencia personal y los de entretenimiento, ocio y cultural.
Recoradar que la Ley de Emprendedores configura el régimen del IVA de caja para autónomos y pymes no incluidos en el régimen de módulos y cuyo volumen de facturación no haya superado los dos millones de euros durante el año natural anterior.
La declaración del IVA repercutido tendrá lugar cuando se produzca el cobro total o parcial del precio a los clientes y el derecho a la deducción del impuesto soportado nacerá cuando se produzca el pago a proveedores.
La medida es de carácter voluntario y Hacienda estimaba que implicaría un coste para el fisco por menor recaudación de 983 millones de euros en 2014, que se recuperarían en 2015, y que beneficiaría a 1,3 millones de autónomos y un millón de pymes, que deberán llevar un libro de registro obligatorio de los ingresos y los pagos.
La CEOE admite presiones a pymes