Alberto Estrelles echó la vista atrás y volvió a 2006, año en el que la Declaración de Seúl incluyó un principio, o más bien una recomendación: la de introducir el buen gobierno en el área fiscal de las empresas.
Con este delorean del socio responsable del área de Corporate Tax Services de KPMG Abogados arrancó una jornada celebrada hace unos días en Madrid y que habló precisamente de eso, de Iniciativas de buen gobierno en el área fiscal.
También ese año hubo otro hito importante, según recordó a la audiencia, que madrugó para acudir a la madrileña Torre Europa, donde se encuentra la sede de KPMG. "Fue el año en el que se dibujó el marco que regula las relaciones cooperativas entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, en aras de una mayor transparencia y eficacia", explicó.
Código de Buenas Prácticas
Un marco de relación que fue introducido en países cercanos al nuestro como el Reino Unido. ¿Qué hemos hecho en España? Estrelles señaló que trasponer los principios de la Declaración de Seúl en el Código de Buenas Prácticas. Y volvió a echar la vista atrás, pero menos, al recordar otras dos fechas, 2010 y 2012. En la primera se llevó a cabo una reforma del Código Penal, "con consecuencias importantes para las compañías", y en la segunda se elaboró la Ley de Prevención y lucha contra el fraude. "El área fiscal ha dejado de ser un departamento puramente técnico y su gestión debe estar coordinada con la política de Responsabilidad Social Corporativa y el área de comunicación", aseguró.
Gaspar de la Peña abordó un aspecto siempre crítico y controvertido. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, habló de seguridad jurídica y derechos y garantías de los contribuyentes. Una historia para la que hay que remontarse a un texto clave como la Constitución, en el que se explica el deber de contribuir. Muy revelador se mostró con el Tribunal Constitucional, del que dijo, respecto a la seguridad jurídica que "debe aclarar, no contribuir a la confusión". Y mucho más explícito se mostró al hablar de responsabilidades: "En este país prescriben los delitos de terrorismo, de asesinatos, de violación, pero no los fiscales cuando se refieren a bienes patrimoniales en el extranjero. ¿Esto no chirría?".
Con otra pregunta comenzó su intervención Daniel Gómez-Olano, director de Tax Management Services de KPMG Abogados. ¿Qué es un marco de control del área fiscal? "El concepto ha sido acuñado recientemente como consecuencia del establecimiento de los nuevos marcos de relación cooperativa".
Marco de control
Un marco de control que, aclaró, se ha extendido entre las grandes empresas, se hayan acogido o no al modelo de relación cooperativa con la Administración.
¿Pero qué ha cambiado? Gómez-Olano explicó que en los últimos años han evolucionado las medidas anti-fraude y su interpretación. También ha cambiado, dijo, la extensión del principio de "prevalencia del fondo sobre la forma" y las interpretaciones "en equidad". ¿Las consecuencias? La necesidad de reforzar los motivos económicos de cualquier transacción, de elaborar "expedientes de defensa", de pre-constituir pruebas a lo largo de todo el proceso y de evaluar y mitigar riesgos desde todos los ángulos.
También ha sufrido una profunda transformación la responsabilidad de empresas y administradores. Han evolucionado los criterios de la jurisprudencia en materia de responsabilidad de los administradores, comentó Gómez-Olano. Asimismo, la responsabilidad de los directivos que gestionan las obligaciones tributarias se ha reforzado en determinados países, como Estados Unidos y Reino Unido.
La Responsabilidad Social
"Desde 2003, ha tenido lugar una creciente presión por parte de distintos grupos para ser más transparentes en los impuestos que pagamos en distintos países". Gómez-Olano abrió un melón acerca del reciente debate sobre la "injusticia" de los impuestos que satisfacen grandes empresas que generó debate en los asistentes. Un debate, añadió, que se ha exacerbado en Reino Unido desde finales del año pasado. "En algunos casos se están haciendo hasta boicots a empresas por su estrategia fiscal. Eso nos obliga a incluir la política fiscal dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa", reconoció.
Es importantísimo, recomendó, tener una gestión fiscal alineada con el resto de negocio, no aislada. "Solo así se pueden gestionar bien los riesgos y las oportunidades fiscales".
Unos deberes que parecen estar cumpliendo las empresas españolas. Un estudio elaborado por KPMG Internacional revela que en la medida en que las empresas radicadas en España han optado por internacionalizar sus actividades para crecer, se ha convertido en una práctica habitual formalizar una política fiscal global alineada con la estrategia del negocio general. El 94 por ciento de los departamentos fiscales de las multinacionales españolas lo hacen.
Y no sólo lo hacen, sino que cuentan con la bendición de los primeros espadas de la compañía. Los encuestados manifiestan que tanto el consejo de administración como la alta dirección se involucran a la hora de establecer la estrategia fiscal. Así, el 86 por ciento de las políticas fiscales ha sido aprobada por el consejo, según el estudio.
Dos conceptos: Foro de Grandes Empresas y Código de Buenas Prácticas. Tres ciudades: Seúl, Ciudad del Cabo y Buenos Aires. Tres fechas: 2006, 2008 y 2012. La mezcla equivale a la charla de carlos Cervantes, jefe del Equipo Nacional de Inspección de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Ese Foro de Grandes Empresas está formado por la Agencia Tributaria y 25 empresas de 15 sectores diferentes. "Tiene como objetivo mejorar las relaciones cooperativas entre empresas y la Administración Tributaria", explicó Cervantes, para a continuación recordar que el Código de Buenas Prácticas se aprobó en julio de 2010 y "por consenso".
Unas buenas prácticas que se traducen, por ejemplo, en la publicación de notas informativas por parte de la AEAT. "Por qué tenemos que ser opacos? Debemos publicar nuestro criterio", aclaró.
Y cada viernes...
Sobre la función fiscal trató la mesa redonda que cerró la jornada. Con ganas de decir las cosas muy claras vinieron Ignacio de Felipe, director fiscal de Ferrovial, y José María Vallejo, director de Asesoría Fiscal de BBVA. "Las continuas reformas legislativas generan una situación de intranquilidad e inseguridad jurídica en las empresas", dijo el primero.
"La elaboración de normas está más relacionada con el contexto socioeconómico de lo que debiera", dijo el segundo, para añadir: "El problema es que la política fiscal, por la coyuntura actual, es puramente recaudatoria y eso crea inseguridad".
José María Vallejo explicó cómo interpreta el Código de Buenas Prácticas. "Pone de manifiesto lo clave que resulta una relación equilibrada entre la Administración Tributaria y las empresas", dijo. Una interpretación que implica también la importancia de la comunicación en la estrategia de una compañía.
"Al principio es cierto que hubo cierto escepticismo con el Foro de las Grandes Empresas. Pero en todo caso ha conseguido incluir el tema de la fiscalidad en la agenda", comentó Daniel Gómez-Olano.
Algo menos optimista se mostró Ignacio de Felipe. "Se está diluyendo el concepto de obligación tributaria, al igual que el de paraíso y fraude fiscal. Y hay insuficiencia de recursos para realizar inspecciones".
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