Las controversias y ambigüedades de la nueva Ley de Transporte Terrestre (LOTT) parecen empezar a encontrarse con semáforos en rojo desde la presentación de las 218 enmiendas al Proyecto de Ley que los distintos grupos parlamentarios hicieron llegar al Gobierno la pasada semana.
Entre las 309 páginas que conforman el cuerpo principal se encuentran, también, las autoenmiendas propuestas por el propio Partido Popular y destaca la relativa al artículo 42.2, que exoneraba en su texto inicial de la obligatoriedad de la autorización y visado periódico de la tarjeta de transporte a aquellos vehículos de menos de 3,5 toneladas de masa media autorizada. La enmienda a esta desregulación ha sido recogida de forma unánime por todos los grupos, incluido el propio Partido Popular. Un compromiso con el que ya se contaba ya que la propia ministra Ana Pastor lo anunció a las organizaciones y representantes del sector a finales del pasado mes de febrero.
Transporte ligero
ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) y Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) han sido dos de las principales promotoras de los textos. Desde Upta se muestran 'parcialmente satisfechos' con la acogida que han tenido sus propuestas por parte de todos los partidos. Eduardo Abad, secretario ejecutivo de Administración y Coordinador Nacional del Área de Transporte de Upta, afirma que "todos los grupos de forma unánime han entendido la problemática del transporte ligero y han recogido en sus textos las enmiendas de Upta - Uniatran" y añade que "si se consigue mantener la autorización y el visado periódico se habrán salvado los muebles".
Por su parte Jorge Martín Serrano, Presidente de Fetransa y Presidente de la Sectorial de Transporte de ATA, "considera decepcionante para el sector la postura del Gobierno y de su grupo parlamentario al no haber acogido las propuestas consensuadas de forma unánime por las organizaciones de transportistas más representativas a nivel nacional." Añade que "incluso en algunos casos incumpliendo compromisos explícitos adoptados por la propia ministra de Fomento, como ha sucedido con la acción directa del transportista efectivo contra el cargador en caso de impago de portes del intermediario, que se ha recogido de forma descafeinada y poco práctica sin que responda a las necesidades del sector." Además insiste en que hay otra serie de cuestiones que afectan de manera muy importante al sector, como el cumplimiento de la Ley de Morosidad con plazos de pagos a 30 días o la limitación de la cadena de subcontratación, que no se han tenido en cuenta. Medidas que para Martín Serrano "tienen como objetivo establecer una regulación más ordenada que ayude al transporte por carretera a salir de la fuerte crisis que atraviesa y que ha supuesto la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo".
Emilio Domínguez del Valle, Secretario Técnico de Feneac (Federación Nacional de Empresas de Auxilio den Carretera), considera que "las enmiendas presentadas siguen siendo insuficientes, ya que se exime de requisitos como la obligatoriedad de pasar el examen de capacitación para la obtención de la tarjeta de transporte".
El taxi en precario
El sector del taxi sigue siendo el caballo de batalla principal de la nueva LOTT. A pesar de que en las sucesivas negociaciones que patronales y asociaciones han mantenido con el Ministerio y gracias a las que se ha logrado mantener el statu quo relativo a la contingencia entre taxis y VTC sigue existiendo una polémica digna de bajada de bandera en lo que se refiere al transporte privado complementario y a la supresión de la obligatoriedad de disponer de autorización al efecto para los vehículos de menos de 4 ruedas. Para Artemio Ardura, presidente de la CTE (Confederación Española del Taxi) "el PP es un tanto grosero en la exposición de las enmiendas ya que lo deja al arbitrio de la reglamentación de las administraciones locales y autonómicas".
Por otro lado, Ardura considera que "una de las motivaciones para esta liberalización viene dada por la presión que están ejerciendo algunas empresas turísticas, cuyo objetivo es hacerse con una parte importante del transporte". Esta aseveración la razona en base a motivaciones puramente económicas "al turismo del todo incluido les falta una pieza clave: el transporte. De hecho actualmente estas empresas están vulnerando la Ley empleando los vehículos que supuestamente trasladan a los trabajadores a sus empresas en minibuses turísticos".
80.000 transportistas en peligro