La nueva Ley del Emprendimiento tiene como prioridad dotar a los emprendedores de la comunidad de un marco integral de apoyo a sus iniciativas empresariales, ordenando y coordinando los recursos de la Administración y favoreciendo la inversión pública y privada con el objetivo de retomar el crecimiento.
El objetivo es convertirla en un instrumento clave en la dinamización económica y en la generación de proyectos y empresas. La nueva ley pretende hacer de los emprendedores agentes fundamentales para la activación del mercado laboral con la meta de alcanzar un incremento del 60% en los próximos cuatro años en la tasa de emprendimiento. (índice TEA).
Consenso
Una vez que el Gobierno tiene el anteproyecto, su intención es consensuarla con los distintos agentes económicos y sociales para tener en cuenta sus opiniones y propuestas y cerrar el texto lo más amplio y completo posible. También pretende potenciar aquellas iniciativas iniciadas que cuenten con menos de 42 meses de vida.
Entre sus objetivos está dotar de nuevas posibilidades de financiación a los emprendedores y simplificar el proceso administrativo para la constitución de empresas. Así, una de las novedades es la Unidad Galicia Emprende, destinada a dar un servicio integral de apoyo y asesoramiento para la creación de empresas.
A través de este servicio, el Ejecutivo se compromete a evaluar los proyectos maduros facilitando su informe de viabilidad en menos de 30 días y agilizar los trámites administrativos para la constitución de una nueva empresa en menos de 48 horas.
Financiar proyectos
La futura norma recoge una serie de apoyos, a través del Igape y Xesgalicia, y beneficios fiscales para los nuevos proyectos. De esta forma, se constituirá un fondo de capital riesgo específico que movilizará cinco millones de euros, además de habilitar una línea de microcréditos para conseguir 10 millones de euros de movilización entre capital público y privado para proyectos de emprendimiento.
Asimismo, se reforzará la figura de los business angels con el fin de consolidar una red autonómica de inversores privados, que prestarán apoyo económico directo a proyectos individuales para favorecer su desarrollo.
La deducción del 20% del IRPF prevista en la Ley de Presupuestos de este año para los que inviertan en acciones o participaciones de nuevas empresas, se amplía para aquéllos que concedan créditos para la creación de empresas. Además, la bonificación del 75% en la cuota del Impuesto sobre Patrimonio por creación de empresas o ampliación de actividad, se amplía a las inversiones para adquirir acciones o participaciones sociales en nuevas entidades y para comprar locales de negocios.
