Abrir nuevas vías de financiación para las pymes y acabar con la lacra de la morosidad pública y privada son los dos grandes retos de la cruzada que Antoni Cañete está liderando desde Pimec. La Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, con 14 delegaciones, 9 federaciones sectoriales y medio centenar de emprendedores en sus órganos de dirección es "la asociación empresarial más estructurada del Estado español", además de pertenecer a Ueapme, la organización europea de la pequeña y mediana empresa, con el mismo rango que Cepyme.
En Pimec ha organizado un departamento de Consultoría Estratégica Financiera para ayudar a los autónomos y pymes a conseguir el crédito que les niegan las instituciones financieras. "Hemos intervenido en 4.000 gestiones financieras y hemos conseguido ya más de 300 millones de euros para las empresas con las que hemos actuado", afirma.
Pero su objetivo va más allá de gestionar financiación, porque "va a seguir faltando crédito para las pymes a corto y medio plazo y ello nos ha llevado a trabajar en la implantación de un cambio de cultura que supere el concepto de la financiación tradicional para buscar alternativas como la Línea ICO-Directo, Enisa, las sociedades de capital-riesgo (SGR) o el Instituto Catalán de Financiación (ICF)". Nuevas fórmulas para superar el que califica como "problema fundamental que hoy tienen los emprendedores".
Y, junto a la financiación, la morosidad. Como portavoz de la Plataforma contra los impagos, Cañete recuerda que "la morosidad, sobre todo en los ayuntamientos, se ha convertido en la primera causa de pérdidas de puestos de trabajo y de cierre de pequeñas y medianas empresas en España".
La ley no se cumple
Los datos recogidos por Pimec reflejan que desde el inicio de la crisis, en 2008, han cerrado en España 400.000 empresas, mientras que la deuda reconocida de los ayuntamientos se eleva ya a 3.000 millones de euros.
Denuncia, a este respecto, que como las Administraciones Públicas ahora no se pueden endeudar con las entidades financieras, "lo están haciendo a través de los ayuntamientos y los plazos de pago han empeorado".
"No podemos seguir engrosando la lista de deudores", asegura Antoni Cañete , para quien el problema no es la nueva Ley Antimorosidad, "que introduce mejoras en los plazos y en los mecanis- mos, además de introducir intereses de demora. El problema real es que la Ley no se está cumpliendo".
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