¿Sería capaz de delatar a su jefe o a un colega?

Chivato, soplón, delator: a pesar de la aséptica definición del diccionario, son palabras que desde nuestra más tierna infancia arrastran una connotación negativa.

Sin embargo, las autoridades y las grandes empresas empiezan a fomentar los dispositivos para que los trabajadores denuncien las faltas o actos delictivos de sus colegas o sus jefes.

En España, sin ir más lejos, el reciente Código unificado de la CNMV recomienda el establecimiento de cauces internos para la denuncia de irregularidades en las empresas cotizadas. En Francia, el Gobierno va más allá y ha iniciado consultas con la patronal y los sindicatos para regular lo que denominan "sistemas de alerta profesional" en cualquier empresa.

Como tantas otras prácticas de gestión y recursos humanos, es un concepto importado del mundo anglosajón. El whistleblowing -que significa algo así como "pitar falta" o "dar la voz de alarma"- se ha alentado y generalizado desde la oleada de escándalos financieros de principios de este siglo y, especialmente, desde el caso Enron, aquel gigante energético que se derrumbó espectacularmente después de haber maquillado sus cuentas.

Buen gobierno

Para mejorar las prácticas de buen gobierno corporativo, el Congreso norteamericano aprobó en 2002 la ley Sarbanes-Oxley (SOX), que impone a las sociedades norteamericanas o extranjeras cotizadas en EEUU, así como a sus filiales en el exterior, el establecimiento de un código ético y un sistema que permita a los trabajadores denunciar anónimamente las malversaciones contables y financieras y los fraudes que puedan conocer.

La ley norteamericana suscitó una franca hostilidad en Francia y planteó problemas tanto culturales como jurídicos, pero el Gobierno y la autoridad de protección de datos (CNIL) no han tenido más remedio que hacer frente al asunto, dado el elevado número de empresas nacionales afectadas.

Hace pocos días, el ministro delegado de Empleo, Gérard Larcher, recibió el informe que encargó al respecto a finales de 2005 a un reputado jurista y a un experto en recursos humanos.

Sistema pendiente de perfeccionar

Casi todos los interesados coinciden en que la delación no puede ser obligatoria y los "sistemas de alerta profesional" deben establecerse mediante la negociación de acuerdos o convenios colectivos. También hay consenso respecto a la necesidad de que "ningún empleado pueda ser sancionado, despedido o ser objeto de una medida discriminatoria, directa o indirecta por haber utilizado de buena fe el dispositivo" y la garantía del derecho a la defensa de las personas denunciadas.

No hay tanto acuerdo respecto al campo que pueden abarcar las denuncias. Mientras algunos sindicatos quieren limitarlas a las irregularidades contables y financieras como pide la ley norteamericana, las autoridades estudian incluir también "hechos graves que pongan en peligro el interés vital de la empresa o la integridad física o moral de sus empleados".

Pero el aspecto más polémico es el anonimato de los acusadores, exigido por la ley SOX. Los representantes sindicales y la autoridad de protección de datos (CNIL) se oponen a él y defienden las denuncias confidenciales pero identificadas. "La promoción del anonimato podría instaurar un clima nefasto en la empresa y alentar los abusos como la calumnia", afirma el sindicato Fuerza Obrera.

Alarmas de los trenes

El informe enviado al Gobierno no zanja la cuestión y apuesta por que la alerta profesional se convertirá en algo parecido a las alarmas de los trenes: "Las hay en todos los vagones, pero muy pocas son activadas de mala fe". Sin embargo, los autores del estudio reconocen un importante hecho: que todo lo referido a la delación remite en Francia "a las horas más sombrías del siglo pasado".

Se refieren así a uno de los capítulos menos gloriosos de la historia gala, la proliferación de denuncias anónimas realizadas por colaboracionistas durante la ocupación por los nazis.

La práctica de la delación ha originado en Francia numerosos sucesos y escándalos, y sigue siendo relativamente frecuente: en el Ministerio de Hacienda éstan acostumbrados a recibir anónimos que incitan a investigar a una persona, con o sin fundamento, motivados simplemente por venganzas o ajustes de cuentas.