La tendencia continúa a la baja. La siniestralidad disminuyó en 2008, tanto en términos absolutos como en el índice de incidencia. En concreto, los accidentes de trabajo se situaron en 828.941, un 11,3 por ciento menos que el año anterior. De ellos, 831 fueron mortales, un 1,5 por ciento menos.
Si consideramos el índice de incidencia, el cómputo de accidentes totales ha pasado de 5.819 a 5.220 accidentes por cada 100.000 trabajadores, lo que supone una disminución del 10,3%. La reducción se ha producido en los accidentes leves, graves y mortales, con variaciones interanuales también negativas que caen un 10, un 18 y un 0,4%, respectivamente. Por sectores, descendieron los accidentes graves en servicios, industria y construcción, con caídas del 13, 17 y 18%, respectivamente.
Para el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, las cifras indican que estamos reduciendo de forma constante y significativa la siniestralidad laboral y logrando el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales.
Diversas interpretaciones
Sin embargo, la realidad admite diversas interpretaciones, sobre todo si tenemos en cuenta el fuerte aumento del paro que se está produciendo mes a mes. Para el presidente de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (Anepa), Juan Carlos Bajo, "es verdad que la siniestralidad está reduciéndose, pero debemos tener en cuenta que esto también es consecuencia de la disminución de la población activa".
Aunque advierte que "ninguno de los agentes participantes en el sector debemos arrogarnos esta reducción", afirma que "si podemos aprovecharla para darle otro impulso". Sobre todo en un momento en el que los peligros acechan ya que, en muchos casos, los esfuerzos de los empresarios por salvar la compañía les pueden llevar a centrar todas sus inversiones en el ámbito productivo y a relajar las destinadas a minimizar los riesgos.
"Desde los inicios de la crisis entramos en un momento más complicado de lo habitual. Las empresas están reduciendo sus inversiones en materia preventiva, pues están más preocupadas por la propia supervivencia de la empresa, lo que hace que otras actuaciones vistas por los empresarios como de menor valor añadido pasen a segunda fila".
Además, las cifras no terminan de convencer a los profesionales del sector. El presidente de la federación de servicios de prevención ajenos Aspa, Juan Prats Guerrero, afirma que los indicadores de siniestralidad "siguen con una mejoría tan pequeña como insatisfactoria, probablemente por el efecto de la crisis". Y advierte del peligro que supone que ello "nuble la vista" sobre la dimensión de los problemas estructurales del sector.
Entre estos problemas se encuentra la mejora de la calidad de la prevención. Según el presidente de Anepa "hay que hacerla más efectiva y menos burocrática". Además, este experto señala que es necesario integrarla en las compañías. "Si conseguimos vencer estos dos retos estaremos ya en el camino de una reducción continua y un cambio de hábitos de empresas y trabajadores".
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo prevé importantes medidas en materia de prevención de riesgos laborales que deben ser desarrolladas por el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes sociales. Su objetivo es disminuir la siniestralidad laboral y mejorar de forma progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo y acercarnos a los valores medios de la Unión Europea.
Sin embargo, a finales de marzo UGT y CCOO denunciaban que desde principios de año, el desarrollo de esta estrategia se encontraba en vía muerta por "la voluntad obstruccionista de la patronal que, boicoteando la constitución del patronato de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales" estaba impidiendo su desarrollo.
Además, achacaban la actitud de CEOE y Cepyme a "una mala interpretación de la actual coyuntura socioeconómica, pretendiendo forzar modificaciones en el actual marco de relaciones laborales". Y afirmaban que "provocar la paralización de medidas consensuadas con anterioridad no puede ser la base de futuras negociaciones".
La temporalidad, un problema
Según los sindicatos, en España alrededor de 400.000 empresas, de entre 6 y 49 empleados, no tienen representación de los trabajadores y el 59 por ciento de los accidentes sucedidos en nuestro país se producen en empresas de menos de 50 empleados. A esto hay que añadir el problema de la temporalidad. "La mortalidad entre los trabajadores con una antigüedad inferior a un mes es un 15 por ciento más alta que la media. Del mismo modo, los menores de 24 años sufren un 27% más de accidentes mortales que el resto".
A finales del pasado año, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, y el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Raimundo Aragón, presentaron Prevea. Se trata de un programa diseñado para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores, que sufren un alto índice de siniestralidad laboral y quieren mejorar sus planes de prevención y disminuir el número de accidentes. Ha sido consensuado con todas las comunidades autónomas y, desde el pasado octubre se venía experimentando en Cataluña, Navarra, La Rioja, Extremadura y Baleares.
El programa está basado en el análisis de los accidentes sucedidos y sus causas, invita a las empresas a implicarse en temas de prevención y mejorar así las condiciones de trabajo. Está pensado para reducir la siniestralidad a corto y medio plazo dentro de un periodo máximo de 24 meses. Además, durante su desarrollo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no realizará visitas planificadas ni aplicará sanciones para la empresa, salvo en caso de accidente de trabajo grave o mortal, enfermedad profesional grave o denuncia.
El objetivo global es conseguir que una vez iniciada la reducción de siniestralidad laboral, ésta se mantenga y se establezca en la empresa una cultura de prevención para todas sus actividades.
A los esfuerzos por reducir la siniestralidad laboral no ayuda nada la indefinición de la que se quejan las entidades de prevención. El presidente de Aspa afirma que es necesaria una mayor definición del sector y de los distintos operadores. Para Juan Prats, el reto es si las sociedades de prevención, que suponen el 65% del mercado aproximadamente, pueden y deben seguir actuando y con qué financiación.
Mala evolución
Además, hay que ver si se afrontan urgentemente las reformas de un sector "que ha sido el elegido mayoritariamente por las empresas españolas y constituye el principal instrumento técnico de asesoramiento previsto en la ley, pero que los sucesivos Gobiernos no han cuidado ni potenciarlo, sino que lo han utilizado de chivo expiatorio de sus propias insuficiencias".
Prats opina que la prevención de riesgos laborales "ha evolucionado siguiendo los esquemas viciados que arrastra desde el origen, a lo que se ha añadido los efectos de la crisis económica y financiera". Afirma que "es un sector que empezó con la competencia desleal de las mutuas, que impidieron su normal desarrollo y una financiación razonable, regalando el servicio, estrictamente privado, a expensas del dinero público de la Seguridad Social y llevando a los empresarios a altos grados de confusión sobre su utilidad práctica".
Por otra parte, asegura que "se ha incrementado el sentimiento de inseguridad jurídica por la actuación intempestiva, cuando no incoherente, de los organismos de control; y se sigue retrasando la reforma necesaria de la reglamentación del sector sobre la que, paradójicamente, hay altos grados de consenso".
La tan manida crisis también está creando problemas añadidos. El presidente de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (Anepa), Juan Carlos Bajo, explica que en su sector asisten mayoritariamente a pymes y micro-pymes y éstas son las que más están sufriendo la crisis de liquidez. "Se está generando un gran número de impagados, lo cual está presionando sobre las cuentas de resultados; ello está provocando una contracción del número de empresas y, en particular, de las de menor tamaño".
A su juicio, esta situación, junto con la implantación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral, va a significar "una nueva estructura del sector basada en un menor número de empresas y de mayor tamaño y calidad, proceso que estimamos se culmine a lo largo del 2010".
