El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros al Plan Anual de Políticas de Empleo, el conocido como Pape 2015, con un aumento de la dotación en los fondos para las comunidades autónomas del 17 por ciento respecto al año pasado, según anunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El Pape estará financiado con un total de 7.788 millones de euros, de los que 1.543 millones irán a parar a manos de las autonomías.
El Pape, del que Báñez destacó que "ha sido acordado por unanimidad con todas las comunidades autónomas", persigue cinco objetivos fundamentales: mejorar la empleabilidad de los jóvenes; favorecer el empleo entre colectivos especialmente afectados por el paro, como el que conforman los mayores de 45 años; mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo; reforzar el vínculo entre políticas activas y pasivas; e impulsar el emprendimiento.
De los 1.543 millones de euros que recibirán las autonomías, 129 millones se dedicarán específicamente a la aplicación de las medidas del Programa de Activación para Empleo, la ayuda de 426 euros mensuales para parados de larga duración sin ningún tipo de ingresos y con cargas familiares. En concreto, el dinero servirá para pagar las tutorías de los desempleados que se acojan al plan. Cada tutor se encargará de un máximo de 120 beneficiarios.
Este año, el 60 por ciento de esos fondos se repartirán en función de como haya funcionado el programa en las distintas autonomías. El 40 por ciento restante, algo más de 51,5 millones de euros, se van a distribuir en función de los potenciales beneficiarios con los que cuente cada comunidad autónoma.Al final, y según el desglose facilitado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, casi un tercio de los fondos irán destinados a Andalucía, que se lleva más de 14 millones. Con más de un millón de parados, es la comunidad donde el desempleo hace más estragos -su tasa de paro aún supera el 30 por ciento-. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las otras dos regiones que recibirán 5 millones de euros.
Báñez ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer un balance de los seis meses en los que el Programa de Activación para el Empleo ha estado funcionando. En concreto, se recibieron algo más de 103.000 solicitudes de la ayuda de 426 euros, de las cuales han sido atendidas más del 70 por ciento.
Defensa y críticas
La ministra de Empleo y Seguridad Social valoró también la EPA publicada el jueves y aseguró que el crecimiento económico "se está traduciendo muy intensamente en la creación de empleo". "El empleo ha pegado un giro de 180 grados", manifestó, presumiendo del hecho de que haya ya más afiliados a la Seguridad Social que al inicio de la legislatura.
Sin embargo, y pese a los buenos datos de la EPA y a la mayor dotación del Pape, el Ejecutivo siguió recibiendo ayer críticas por parte de la oposición y los sindicatos. Así, el portavoz de Empleo del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, acusó a Báñez de hacer "electoralismo barato" con las políticas activas. "El presupuesto para estas políticas se ha reducido en 2.700 millones respecto al año 2011", criticó, tildando además de "fracaso" el Programa de Activación para el Empleo "por quedarse muy lejos de los 300.000 beneficiarios que auguraba el Gobierno".
Respecto a la EPA, Simancas consideró que refleja "un preocupante crecimiento sostenido de los parados de larga duración", y recordó que una de las primeras cosas que hizo el Gobierno al llegar al poder fue "despedir a 3.000 orienadores que ayudaban a encontrar trabajo a los parados en las oficinas de empleo".
Por su parte, UGT aseguró que el Pape "parte de una foto distorsionada" del mercado de trabajo y elude las consecuencias negativas de la reforma laboral del Gobierno. "El plan no ha contado con la participación de los interlocutores sociales", criticó el sindicato en un comunicado, resaltando además que no cuenta con financiación suficiente y refleja discrepancias con lo presupuestado en las cuentas públicas para este año. "La financiación de las políticas activas de empleo no puede sufrir los vaivenes del Gobierno", concluyó UGT.