
Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, y ocho de sus directivos en sus tiempos como mandatario culé, tendrán que avalar en los próximos dos meses una cantidad cercana a los 23'2 millones de euros. Según 8TV, canal local de Barcelona, es el dinero que les exige la Justicia dentro del proceso abierto en su contra en 2008 por, precisamente, no haber avalado esta cantidad cuando llegaron al palco tras la temporada 2002-2003.
Laporta y los suyos tomaron posesión del cargo unos días antes del 30 de junio de 2003. Aunque la gestión de aquella temporada recayó en Joan Gaspar, los estatutos del Barça fijan que debe ser la directiva regente el último día del mes de junio (es decir, el último día de la temporada) la que avale las posibles pérdidas del club con su patrimonio personal.
Las prisas de Laporta por jugar su puesto le jugó una mala pasada, toda vez que él y el resto de sus directivos juraron el cargo ocho días antes de que llegase el final del curso y, por lo tanto, ellos deberían haber avalado parte de las pérdidas de la temporada.
La LFP excluyó a Laporta de hacerlo porque, según el organismo que ahora dirige Javier Tebas, los superávits que había presentado el Barça en los años precedentes superaban el 15% del presupuesto de gastos. Es decir, que había capacidad económica suficiente como para solventar este desfase.
Viçent Pla, socio del Barça, estimo, sin embargo, todo lo contrario, y denunció al ex presidente y a todos sus colaboradores por no haber avalado esta cifra. La Justicia aceptó la demanda y dictó sentencia en febrero de 2013 condenando a Laporta a pagar.
Tras múltiples recursos, la postura de de los tribunales sigue siendo la misma. Cada uno de los directivos de aquella junta tendrá que avalar esos 2'9 millones de euros, hasta alcanzar los 23,2 millones de euros mencionados. Si la acción civil de responsabilidad abierta por la Junta Directiva de Sandro Rosell termina condenando a Laporta y su directiva, esta cantidad será finalmente ejecutada.
Una opción, la de que tengan que pagar, que amenaza con dejar en bancarrota ya no solo al ex presidente, sino a buena parte de esos otros ocho directivos bajo sospecha.