Marcha atrás. Lo que la mayoría del fútbol español intuía se ha cumplido: este fin de semana no habrá parón patronal ni en Primera ni en Segunda División. Se juega. Los dirigentes de los clubes han decidido recular en sus amenazas y, pase lo que pase en los juzgados, cancelarán la suspensión de la 30ª jornada del campeonato. El caos que organizaría la medida, el rechazo de un núcleo importante de miembros de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y las conversaciones con el Gobierno se esconderían detrás de este nuevo giro en un caso creado para suprimir la obligatoriedad de la retransmisión de partidos en abierto en el campeonato regular.
La decisión se fraguó a lo largo del martes cuando José Luis Astiazarán, presidente de la LFP, y su mano derecha en el organismo, Javier Tebas, habrían decidido poner freno a sus propias reivindicaciones, pese a la rotundidad de las declaraciones realizadas por ambos en los últimos días.
Una "aberración"
El motivo de esta nueva posutra radica en que la huelga es inútil, legal y políticamente hablando. Así se lo ha hecho ver, por enésima vez, el Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, en una reunión mantenida a primera hora de la tarde entre Consejo Superior de Deportes (CSD) y LFP.
Esto es: cambiar la Ley de retransmisiones deportivas, la famosa 'Ley Cascos' que impone los partidos en abierto por el 'interés general', es inviable en el corto plazo.
Los trámites parlamentarios que un proceso así requiere tardarían meses en producirse. La alternativa, un decreto ley que modificase la norma por la vía de urgencia, es "implanteable, simplemente ridículo", afirman fuentes de la negociación.
Ni Gobierno, ni oposición aspiran a dedicar ni un minuto a plegarse ante las coacciones de un grupo privilegiado de dirigentes que deben al Estado casi 700 millones de euros.
A eso hay que unirle la impopularidad de cancelar los partidos en abiertos justo cuando se acercan las elecciones locales y a un año vista de las generales.
Así las cosas, Lissavetzky solicitó a los clubes desconvocar el paro a cambio de la promesa de revisar cuestiones colaterales que también afectan a los cuentas de los equipos, como el reparto de las quinielas o los ingresos por las apuestas deportivas.
La LFP aceptó el ofrecimiento motivada también por el perjuicio que el parón crearía en el campeonato. Con el paso de los días los participantes en la Primera y Segunda División han ido aceptando que el retraso del fin de la Liga hasta el 22 junio es simplemente "una aberración".
Pendientes de la decisión de la jueza
Tras el encuentro, Astiazarán y Tebas iniciaron una ronda de contactos con los distintos presidentes del fútbol español para alcanzar un pacto de mínimos con el que empezar a desenmarañar el caos que ellos mismos habían alcanzado.
Tras muchas conversaciones, ese acuerdo de base cristalizó en la convocatoria de una asamblea extraordinaria que se ejecutará en caso de que la jueza Purificación Puyol no dé la razón esta mañana a los seis clubes (Espanyol, Athletic de Bilbao, Sevilla, Villarreal, Zaragoza y Real Sociedad) que habían pedido anular el paro por invalidez legal de la asamblea en la que fue convocado.
Si la justicia no frena la convocatoria, los clubes se reunirían entre la tarde de hoy, miércoles y de mañana, jueves, para desconvocar el paro por sus propios medios. Así lo confirma la propia LFP a través de una nota pública remitida a los medios de comunicación.
"El presidente de la LFP se ha comprometido a convocar mañana [por hoy martes], con carácter de urgencia, una asamblea general extraordinaria que pueda reconsiderar la decisión adoptada el pasado 11 de febrero, siempre que el Juzgado no admita la medida cautelar solicitada por algunos clubes", informa el comunicado.
Dimite el vicepresidente de la LFP
La decisión, fraguada a lo largo de la tarde de ayer, ya tiene, además, su primera víctima colateral. El vicepresidente de la LFP (también vicepresidente del Sevilla), José María Cruz, ha presentado su dimisión irrevocable al organismo como consecuencia de las contradicciones internas vividas a lo largo de este proceso.
Esta renuncia, hecha pública a través de la propia Liga, hace que Cruz apenas haya durado un año en el cargo. Accedió a él en julio de 2010 después de ganarle una apretada votación al presidente de Osasuna Patxi Izco.
Entidades
Pendientes de la jueza