La Comisión que gestiona Izquierda Unida desde la última Asamblea Federal, conocida como 'G-14 social', exigió al Gobierno que establezca "estrictos mecanismos de control" sobre el reparto de los 800 millones que destinará en ayuda al sector del automóvil, para no facilitar "un cheque en blanco" a las empresas "sin recibir ningún tipo de garantía".
En su reunión, la gestora valoró especialmente este punto del paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, y propuso que las compañías perceptoras de las ayudas den una "información detallada y exhaustiva" acerca de su situación económica actual", que deberá ser puesta a disposición de los respectivos comités de empresa de las compañías y de los grupos parlamentarios de las Cortes.
Asimismo insta al Gobierno a garantizar el efectivo control y seguimiento de las subvenciones públicas entregadas a las empresas automovilísticas, para cuyo desarrollo deberá contar con la participación de los representantes sindicales de las mismas.
