La dotación destinada a las políticas de seguridad vial en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 desciende un 1,9% hasta 740 millones de euros, dinero que, entre otras cuestiones, servirá para implantar un nuevo sistema de gestión de las denuncias y sanciones a los ciudadanos.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 presentado hoy en el Congreso, el descenso en la partida de seguridad vial responde al proceso de centralización de los créditos para la gestión de los servicios de contratación centralizada.
El presupuesto servirá para implantar el proyecto de Tratamiento en Movilidad de Accidentes, Denuncias y Gestión de la Información general de tráfico (TRAMO).
Su objetivo es mejorar el sistema de gestión de sanciones con los ciudadanos y además la recogida de información en tiempo real de accidentes, incidencias de tráfico y de todo tipo de controles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) continuará desarrollando un plan de investigación dirigido a las necesidades y responsabilidades de la Institución.