El conflicto político de Bolivia ha registrado una radicalización de las protestas contra el presidente Evo Morales en varias regiones, donde este martes se produjeron nuevos choques violentos y ataques a infraestructuras energéticas, como el atentado contra un gasoducto en el sur del país.
Debido a este sabotaje, los envíos de gas a Brasil se han visto reducidos en un 10%, según informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, quien atribuyó el atentado a grupos de "paramilitares, fascistas y terroristas", presuntamente organizados por fuerzas opositoras.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que el Gobierno movilizará desde una "mayor presencia" militar en las instalaciones petroleras para evitar "los atentados criminales".