El Gobierno destinará 7.438,2 millones de euros en 2016 a la política de agricultura, pesca y alimentación, lo que supone una disminución del 13,3% respecto a los 8.579,92 millones de euros de este año, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.
El Ejecutivo ha subrayado que la agricultura, ganadería, pesca y alimentación son "sectores estratégicos" de la economía nacional, con gran incidencia social y medioambiental, sometidos a un proceso de constante evolución, derivado de las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC), y condicionados a su vez por las variaciones de los mercados internacionales y la situación actual de la economía.
El Gobierno ha explicado que este descenso se debe a que la política de agricultura se financia en más de un 88% con fondos procedentes de la Unión Europea (Feaga y Feader).
El ejercicio 2015 se corresponde con el último del periodo de programación anterior (2006-2013) teniendo en cuenta la regla n+2 vigente para el mismo, por lo que los fondos provenientes de Feader para la financiación de los programas de desarrollo rural tuvieron este año un importante incremento. Para 2016, se prevén únicamente ingresos correspondientes al período de programación vigente.
Por su parte, para los programas dedicados al desarrollo rural sostenible el Departamento dispondrá para 2016 de créditos por importe de 1.034,35 millones de euros, entre los que destacan las transferencias a comunidades autónomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas a través del FEGA por importe de 995,11 millones de euros.
Los objetivos en esta área se centran en las directrices emanadas de la nueva programación europea para el periodo 2014-2020, siguiendo las pautas marcadas en los ejes del Reglamento comunitario, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Respecto al sector agroalimentario, el objetivo del Gobierno es orientar las producciones hacia las nuevas demandas de la sociedad, y a la actual formulación de la PAC. Además, debe integrarse plenamente en las políticas de desarrollo sostenible, buscando la rentabilidad a través de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural y de la actividad económica en amplias áreas en las que la agricultura y la ganadería son actividades económicas de importancia vital.
