Pese a que era una de las promesas del Gobierno en su programa electoral, gran parte de las entidades locales todavía no son auditadas. Desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) insisten en la necesidad de que el sector público local someta a auditoría externa sus cuentas como medida para luchar contra la corrupción en nuestro país.
Según los últimos datos del Observatorio de la transparencia de cuentas públicas 2011 de Fiasep, de un total de 19.030 entidades tan sólo un 1.109 audita sus cuentas. En otras palabras, sólo un 5,8 por ciento de los ayuntamientos de España somete sus cuentas a una vigilancia y control externo.
Un caso concreto es el de la Comunidad de Madrid ya que más de un 30 por ciento de sus ayuntamientos ni siquiera rinden cuentas, según la Memoria de Actuaciones de 2013 de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Exigencia de los auditores
En el programa electoral del Partido Popular se comprometían a mejorar "los instrumentos de control financiero y operativo exigiendo la elaboración de auditorías a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes", una acción que finalmente no se llevó a cabo y que los auditores exigieron que se incluyera en la Ley de Transparencia.
En este sentido, el presidente del ICJCE, Mario Alonso, explicó que "la posibilidad de que sucedan casos de corrupción como los que se están detectando en ayuntamientos sería mucho menor con auditorías anuales externas". "Creemos que esta medida debe incluirse en un posible pacto contra la corrupción, que hay que potenciar los controles anuales de las cámaras de cuentas en la administración local y que los auditores privados tienen que colaborar en la auditoría del sector público para reforzar la confianza y la transparencia del mismo", añadió Alonso.