"Se acabará con situaciones como una misma finca inscrita con varios propietarios", explica Sáenz de Santamaría. "Buscamos mejorar la seguridad jurídica y facilitar la vida a la gente", continúa.
"Evitará la presentación de 22.000 declaraciones presenciales al año, con el ahorro de 1,8 millones de euros", indica.
