El futuro reinado de Felipe VI supondrá la "continuidad" del periodo que se abrió en España con Juan Carlos I más que el inicio de "una nueva etapa", ha avanzado este jueves un portavoz de la Casa del Rey en una sesión informativa en el Palacio de la Zarzuela.
En opinión de la Casa, no es correcto referirse al reinado de Felipe VI como "una nueva etapa" porque esa nueva fase en la historia de nuestro país, que significó el paso de una dictadura a una democracia, se inició con el Rey Don Juan Carlos.
"La monarquía significa estabilidad y este paso (de la abdicación) representa la continuidad de esa nueva etapa que se inició en 1975" con la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España, ha insistido el portavoz, que no ha ocultado sin embargo que Felipe VI imprimirá su propio estilo y fijará sus prioridades en cuanto acceda al trono.
El portavoz ha confirmado que el Rey Don Juan Carlos decidió en enero pasado que, en el curso de este año, debía pasar el testigo a su hijo, ahora que empezaba a recuperarse tras un periodo en el que su actividad se vio reducida por las sucesivas operaciones que fue encadenando en los tres últimos años.
Tras esa decisión "preliminar" del monarca, el equipo de confianza de Don Juan Carlos en la Casa del Rey empezó a analizar cómo ponerla en práctica, teniendo como único referente dos líneas que la Constitución española dedica a esta cuestión, cuando en su artículo 57.5 dice que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica".
Ante esta redacción unos interpretan que es pertinente una ley orgánica que regule en su conjunto las abdicaciones, renuncias y dudas sobre la sucesión y que esta norma bastaría para regular y hacer efectivas todas estas situaciones.
Por el contrario, la otra postura defiende que, con independencia de que pueda existir una ley general, cada acto de abdicación en concreto requiere la aprobación de una ley orgánica. Esta es la opción por la que se decantó la Casa del Rey y con la que coincidían tanto el Gobierno como la mayoría de estudiosos de la Constitución, según la misma fuente.
El portavoz ha justificado además la necesidad de que las Cortes ratifiquen la ley de abdicación de Juan Carlos pues "la decisión de abdicar la tiene que recibir alguien". Así se establecía además en Constituciones anteriores, como en la de 1812.
