Correos deberá competir en un concurso público por mantener los contratos de prestación de servicios postales de la Administración, que hasta ahora realizaba a través de convenio, y que en conjunto suman un volumen de negocio de unos 400 millones de euros. Este cambio en el sistema de contratación es consecuencia de una sentencia la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero, en la que daba la razón a la Asociación Española de Empresas de Reparto (Asempre), patronal de operadores privados, que denunció el convenio de envíos postales suscritos entre el Ministerio de Cultura y Correos.
