José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora Price Waterhouse Coopers S.L. e imputado en el presunto delito societario que la juez Mercedes Alaya investiga en cuanto a la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, ha defendido este jueves ante la juez que no conocía las numerosas "irregularidades" que originaron el desfase contable sufrido por esta empresa prácticamente pública y que ni él ni su empresa asesoraron ni prepararon las cuentas de Mercasevilla ni tampoco participaron en "la aplicación del resultado".
José Ignacio Alonso Rivero ha prestado este viernes declaración ante la juez Mercedes Alaya como imputado, en calidad de cooperador necesario, en un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito societario continuado en su vertiente de falsedad en las cuentas anuales.
En concreto, la juez atribuye a Alonso Rivero un total de 14 supuestos por su participante en el "examen y verificación de las cuentas anuales de Mercasevilla del ejercicio 2008 y de ejercicios anteriores que inciden en este último". Mercasevilla, según la juez Alaya, declaró beneficios de 258.024 euros merced a sus cuentas de 2008 cuando en realidad las pérdidas se elevaban a 7.885.285 euros, con lo que la directiva de la empresa y 'Price Waterhouse Coopers S.L.', como empresa contratada para auditar las cuentas, "omitirían intencionadamente ciertas prácticas contables inadecuadas".
