El abismo entre ingresos y gastos no financieros de la Generalitat valenciana hace imposible cumplir el objetivo de déficit de 2013 -el 1,6%, el mayor autorizado- y probablemente, el de 2014.
Así se desprende del informe sobre las cuentas de la Generalitat y sus empresas en 2012 presentado el viernes por la Sindicatura de Comptes. El organismo que dirige Rafael Vicente Queralt recuerda que, desde hace años, viene señalando la "insuficiencia de financiación", como un problema crónico de la Comunidad Valenciana y pidiendo un cambio. Un problema que durante años se ocultó con facturas en el cajón que la propia Sindicatura denunciaba y gracias a los ingresos fiscales de la actividad inmobiliaria, que paliaban en parte la insuficiencia de transferencias del Estado.
Ahora, todas las facturas se contabilizan, aunque no se paguen, y los ingresos del ladrillo son un tercio de lo que eran. Una tormenta perfecta que en 2012 disparó los gastos y redujo los ingresos. Los procedentes de tributos propios bajaron un 10% y los gastos reconocidos aumentaron hasta 16.826 millones de euros, lo que situó el déficit presupuestario en una cifra récord, 6.223 millones.
Cierto es que parte de esa cantidad no corresponde a gasto real de 2012, sino al reconocimiento de facturas de años anteriores. En 2013, la diferencia será bastante menor, pero aunque situase el gasto por debajo de 14.000 millones, los ingresos deberían subir al menos un 15% para dejar el déficit en 1.600 millones, equivalente al 1,6% del PIB, el máximo autorizado.
La Sindicatura reconoce el esfuerzo del Gobierno de Alberto Fabra por seguir sus recomendaciones, desoídas durante tantos años, pero continúa poniendo objeciones a la forma de afrontar los gastos en Sanidad, que son los que más han desequilibrado las cuentas de la Generalitat porque siempre se han presupuestado muy por debajo del gasto real. A esta Consejería corresponden 2.208 millones de euros en facturas de años anteriores aflorados y cargados al ejercicio de 2012.
A pesar de esta mejora, el Síndic detecta que en los hospitales públicos están adquiriendo medicamentos mediante compra directa, sin concurso, y productos sanitarios a través de caja fija, que es una partida sin fiscalización previa destinada a gastos de dietas y locomoción o imprevistos. Por ello, insta al Gobierno valenciano a "establecer y ejecutar los controles pertinentes" para cortar el mal uso de los pagos a través de cajas fijas.
En relación con esto, apunta la necesidad de que el presupuesto de la Consejería de Sanidad sea "realista" y contemple todos los gastos previsibles, "de forma que los responsables de los centros dispongan de una herramienta fundamental para la gestión económica, cuya utilidad actualmente está desvirtuada por los desfases existentes, que dificultan la aplicación de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia".
El informe destaca otras omisiones que empeorarían las cuentas de la Generalitat, como la no contabilización de los convenios con Feria Valencia y las cinco universidades públicas, que supondrían un pasivo adicional de 371 millones para la Generalitat.
Por su parte, la Consejería de Infraestructuras tiene pendientes de reconocimiento presupuestario 55.791 resoluciones de concesión de ayudas de los planes de la vivienda 2005-2008 y 2009-2012 por un importe total de 240,2 millones. Los afectados llevan años quejándose y estudian llevar a la Generalitat a los tribunales.
Más pérdidas en las empresas
La reducción del sector público empresarial no se tradujo, al menos el primer año, en un descenso de las pérdidas. Las 34 empresas públicas que quedaban a finales de 2012 sumaron unas pérdidas de 898,72 millones, 53 millones más que el año anterior. Las empresas recibieron transferencias corrientes de la Generalitat por 209 millones y transferencias de capital por 25.
Además, la Generalitat capitalizó sus empresas y entes públicos por un total de 1.782 millones, por lo que sus balances están ahora saneados, cuando antes la mayoría estaba año tras año en causa de disolución. Ante su abultada deuda, el Gobierno de Fabra optó por asumir 2.658 millones de ese pasivo y convertirse en acreedor de sus empresas para, a continuación, capitalizar 1.574 millones de esa deuda.
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