La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía ha reconocido que lo "ideal" sería que el Gobierno andaluz pudiera responder a todas las obligaciones de pago contraídas, no solo a los proveedores, en un plazo de 30 días y ha solicitado el Gobierno de la Nación buscar mecanismos para que las administraciones tengan liquidez.
De esta manera ha valorado el departamento de María Jesús Montero el proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público remitido por el Consejo de Ministros al Congreso para su tramitación por procedimiento de urgencia, que contempla la posibilidad de que las administraciones y organismos dependientes puedan ver retenidos los recursos que reciben del Estado si su periodo medio de pago a los proveedores supera los 30 días máximos que fija la ley de morosidad.
Fuentes de la Consejería de Hacienda andaluza han resaltado que "lo deseable" sería que la Administración autonómico hiciera frente a los pagos a proveedores y de todos las obligaciones contraídas en 30 días, si bien, reconoce que esto no es posible debido a los problemas de liquidez que actualmente presentan las administración públicas.